El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España presenta hoy ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sus alegaciones relativas al anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, cuyo objetivo principal es defender los intereses de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria colegiados (API) y de los Colegios inscritos en el Consejo General de COAPI de España.
Tras la celebración de un pleno extraordinario del Consejo General en el que se han debatido de forma colectiva las principales cuestiones a abordar en el escrito de alegaciones, la Corporación de Derecho Público expone sus aportaciones en representación de los 46 Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria inscritos, que aglutinan un total de 4.277 colegiados ejercientes. En este sentido, Lola Alcover, secretaria general del Consejo General de los COAPI, asegura que “las aportaciones realizadas como órgano de representación oficial del sector defienden el interés general de la actividad”.
En concreto, las alegaciones se centran en tres cuestiones que, desde el Consejo General de COAPI, aseguran afectan potencialmente a los derechos e intereses legítimos de la Corporación y de los API que la componen.
En primer lugar, tal y como señala el escrito de consideraciones, se defiende la importancia de la “recuperación reserva de actividad colegiación obligatoria para el ejercicio de la actividad de intermediación inmobiliaria y consiguiente derogación del art 3. de la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes”. En este contexto, se hace referencia al hecho de que “Para las personas que operan en la prestación de servicios inmobiliarios, NO SE REQUIERE NADA” sin embargo, “para cualquier otro acto de consumo y prestación de servicios se requiere una mínima capacitación profesional”.
El Consejo General de COAPI, además de referirse a la Ley 10/2003, también tiene en cuenta el Real Decreto Ley 4/2000 del 23 de junio, a través del cual se aprobaron las medidas urgentes de liberalización en el sector. Dicha legislación fue aprobada con el objetivo de promover el crecimiento económico y el empleo, decisión que según el texto de alegaciones “resultó ineficaz y en absoluto favoreció el crecimiento económico, provocando el efecto contrario al deseado: aumento desproporcionado y sin control del número de intermediarios inmobiliarios […] y desembocando en un aumento progresivo de los precios de la vivienda que provocó, siete años después de la liberalización, la “burbuja inmobiliaria” del 2007”. Así pues, “es preciso que se inicie por los poderes públicos una nueva etapa para la recuperación de los mecanismos de regulación del mercado inmobiliario, pues resulta paradójico que otras actividades profesionales con funciones de intermediación si estén reguladas. (….)y en cambio la actividad de la intermediación inmobiliaria, en la cual, el objeto de mediación es una viviendade transcendencia social incuestionable, continúe estando liberalizada desde el año 2.000.
En segundo lugar y en el supuesto de que la petición de la colegiación obligatoria no sea atendida, también se defiende la creación de un registro estatal obligatorio de Agentes y Agencias Inmobiliarias de España. Concretamente, se detalla “la necesidad de establecer en la norma una regulación unificada estatal de la actividad de la intermediación inmobiliaria” atendiendo al concepto de interés general que recoge el artículo 3.11 de la Ley 17/2009 de 23 de noviembre. En este sentido, Lola Alcover afirma que “la actividad de intermediación responde a un interés general que se concreta en razones imperiosas como la buena fe en las transacciones comerciales, lucha contra el fraude, orden público, protección al consumidor y, especialmente, la seguridad pública aportando seguridad jurídica preventiva en el período precontractual o de negociación de los contratos, transparencia mediante información adecuada en las operaciones en las que se interesa la intermediación de un profesional y, en definitiva, protección al consumidor“ y destaca que se trata de “una de las decisiones más importantes que una persona toma a lo largo de su vida, tanto desde un punto de vista económico como emocional, especialmente si se trata de la vivienda habitual”.
Finalmente, las alegaciones por parte del Consejo General de COAPI de España concluyen con unas observaciones generales sobre el articulado del Anteproyecto de Ley. En concreto, solicita la modificación de la prórroga extraordinaria forzosa al arrendador y la supresión de la limitación del precio del alquiler en zonas tensionadas que, tal y como aseguran en sus alegaciones, “estimulará el mercado negro del alquiler y aflorará la economía sumergida”.
