La crisis avanza, las deudas acucian y los impagos están a la orden del día. La onda expansiva de la Covid-19 va aumentando su radio mes a mes y las ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales están subiendo con fuerza, situándose en 3.207 durante el primer trimestre de 2021, un 45% más que en el último de 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En términos generales, las ejecuciones hipotecarias han alcanzado las 8.257, lo que muestra un descenso de 17,5% menos que el trimestre anterior y un 23,7% menos que en el mismo trimestre de 2020. A pesar del descenso “el aumento de las ejecuciones de viviendas habituales muestra que las familias están pasando dificultades para afrontar el pago de las hipotecas”, de acuerdo a Ignasi Vives, abogado del despacho Sanahuja Miranda.
Estos descensos generales se pueden dar por las moratorias que el Gobierno ha puesto a disposición de la población para el crédito del pago de hipotecas o préstamos al consumo, o de los préstamos ICO, que han recibido las empresas españolas para compensar las pérdidas. En este sentido, las ejecuciones iniciadas sobre personas jurídicas han bajado, según el INE, han descendido un 60,4%.
¿Es lo mismo que un desahucio?
El abogado advierte de que no hay que confundir los términos de ejecución hipotecaria y desahucio. “Mediante una ejecución hipotecaria, se ordena la venta de un bien inmueble gravado con una hipoteca por morosidad del deudor”, explica el abogado.
Vives añade que el mecanismo es “un paso que ejerce el prestamista para reclamar la propiedad”, acción que puede acabar en un acuerdo entre las partes para ponerse al corriente de pagos o dar la casa en dación de pago (dar el inmueble como pago de la deuda) o de no darse estas situaciones, acabar en desahucio.
Por, el experto considera que, aunque no son términos iguales, estos datos pueden ser un indicador de un futuro aumento de los desahucios, a pesar de que actualmente los desahucios están “paralizados si se acreditan especiales condiciones de vulnerabilidad como consecuencia de la Covid-19” al menos hasta septiembre. Por ello, el abogado alerta de que los desahucios “se siguen produciendo”.
Por otro lado, cada vez es más común la contratación de un seguro de protección de pagos para la hipoteca, una herramienta preventiva que tiene como objetivo que, si el deudor no puede afrontar el pago, la aseguradora lo haga por él durante un máximo de 12 meses.