La escalada incesante de los precios de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo en un contexto inflacionista está ahogando a muchos hogares y empobreciendo a las clases medias. Esta es la principal conclusión del informe “Prevención y atención de la exclusión residencial: Factores explicativos”, financiado por la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El informe presenta datos demoledores sobre vivienda y exclusión residencial a nivel estatal: el 60% de los hogares presenta algún problema relacionado con la vivienda y 1 de cada 3 hogares se encuentra en exclusión residencial. Para ellos, la vivienda no cumple su papel integrador y no pueden disfrutar de una vivienda adecuada. “La situación puede empeorar si no se toman medidas urgentes en este contexto alcista” afirma Elena Martínez, responsable de Investigación y Evaluación de Provivienda, que alerta de que “2,3 millones de hogares aún no está en exclusión, pero sí en riesgo de caer en ella”. Quienes más riesgo tienen de caer en la exclusión residencial en el futuro son las que han sufrido algún corte de suministros, aquellas que creen que van a tener que cambiar de vivienda pronto, o los hogares que han tenido retrasos en los pagos de la vivienda.
Entre los problemas analizados, los resultados del informe muestran que lo que más afecta a la exclusión residencial es el precio de la vivienda y los problemas derivados de la falta de vivienda asequible. “La relación entre pobreza y precio de la vivienda es clara y va en aumento. El 17,4% de los hogares en España se queda por debajo del umbral de la pobreza severa relativa tras pagar la vivienda” concluye Martínez, que añade que “hay 5,5 millones de hogares en exclusión residencial, de los cuales casi 4 millones se quedan en situación de pobreza severa relativa después de pagar su vivienda”. En el caso de los hogares pobres la exclusión alcanza al 74% de la población y prácticamente la totalidad presenta algún problema de vivienda. “Cada vez son más numerosos los casos en los que, para poder hacer frente a los pagos de la vivienda, se ven obligados a habitar inmuebles en mal estado, hacinarse o cambiar de barrio. El resultado es que prácticamente la totalidad de los hogares pobres tiene problemas relacionados con la vivienda”, señala Elena Martínez.
El alquiler empobrece a las clases medias y agudiza los problemas de los hogares más vulnerables
La falta de vivienda asequible afecta sobre todo a quien vive de alquiler. Mientras que el 11,3% de los hogares con hipoteca están en situación de pobreza severa tras pagar la vivienda, esta situación afecta al 37,8% de los hogares que alquilan a precio de mercado.
Respecto al sobreesfuerzo económico (destinar más del 30% de los ingresos al pago de la vivienda sin contar los suministros), la diferencia entre personas propietarias e inquilinas es aún mayor. El 9% de los hogares que viven en propiedad hacen este sobreesfuerzo frente al 47,5% de los hogares en alquiler, casi la mitad de toda la población que alquila. “Este sobreesfuerzo en el pago del alquiler tiene una prevalencia mucho mayor entre los hogares con rentas más bajas, afectando a 7 de cada 10 hogares que viven de alquiler”, añade Elena Martínez.
Además, el problema de la asequibilidad de la vivienda no afecta exclusivamente a hogares pobres. “Los datos son contundentes con las clases medias que viven de alquiler: 3 de cada 10 hogares con niveles intermedios de ingresos está en una situación de sobreesfuerzo económico”, advierte Martínez. Como recoge el informe, más de 250.000 hogares con ingresos medios están cayendo en situación de pobreza severa tras pagar la vivienda, lo que demuestra que la falta de vivienda asequible conduce a la pobreza no solo a rentas bajas, también a hogares con rentas medias.
Medidas urgentes para una situación de emergencia
“La importancia de los datos del informe reside en que los elementos clave son cuestiones sobre las que las políticas públicas pueden intervenir, existe la capacidad de actuar sobre ellas” afirma Gema Gallardo, directora general de Provivienda. El estudio demuestra que el sistema está fallando al no permitir que buena parte de la población vea satisfechas sus necesidades básicas y al provocar el empobrecimiento y el empeoramiento de las condiciones de vida de tantos hogares.
El informe “Prevención y atención de la exclusión residencial: Factores explicativos” de Provivienda tiene como objetivo construir un instrumento tanto para el diagnóstico como para la detección del riesgo que tiene un hogar de caer en este tipo de problemáticas. “Prever las probabilidades de caer o recaer en exclusión residencial es fundamental en la atención que las diferentes organizaciones privadas y públicas prestamos a las personas, y es clave para ajustar nuestra intervención a los datos que tenemos”, sostiene Gallardo.
En este sentido, Gallardo concluye que “si queremos evitar el empobrecimiento de la población, es urgente implementar una política de vivienda basada en evidencias y que priorice la inclusión social. Esperamos que el nuevo gobierno tenga esta cuestión entre sus prioridades”.
Ver presentación streaming aquí
