La discriminación inmobiliaria ha aumentado en el mercado del alquiler y ha contribuido a generar procesos de segregación urbana, según revela el nuevo informe «¿Se alquila? (2) Racismo y segregación en el alquiler de vivienda», que ha presentado esta mañana la Asociación Provivienda, financiado por la Dirección General de Gestión Migratoria de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Esta actualización del estudio realizado en 2020 pone de manifiesto un cambio preocupante: en la actualidad, en el 99% de las 100 llamadas realizadas a inmobiliarias en Madrid y Barcelona se aceptan prácticas discriminatorias explícitas hacia personas extranjeras, frente al 72,5% registrado en 2020.
“La presente situación del mercado de alquiler, caracterizada por una creciente escasez de oferta y un alza histórica de precios, profundiza la exclusión residencial. La práctica totalidad de las inmobiliarias contactadas aceptaban formas explícitas de discriminación. Esto supone un aumento de 30 puntos porcentuales con respecto a 2020″, apunta Elena Martínez, responsable del área de Investigación y Evaluación de Provivienda.
La segunda parte del estudio se centra en la respuesta diferencial de las agencias inmobiliarias ante la búsqueda de piso de personas según nacionalidad. El informe ha demostrado que el aumento de la discriminación no solo se limita a la disponibilidad de los pisos, sino que también incluye a la oferta de viviendas en zonas específicas, generando procesos de segregación residencial y promoviendo zonas con mayor dificultad de acceso para las personas migrantes, especialmente extracomunitarias.
Los resultados se han obtenido principalmente a través de técnicas de testing inmobiliario, mediante un total de 600 llamadas realizadas por personas españolas y extranjeras a los mismos anuncios, así como 100 llamadas a agencias inmobiliarias de Madrid y Barcelona por parte de personas que ofrecen sus viviendas para alquilar con la intención explícita de excluir a personas migrantes.
A lo largo de la investigación, al perfil nacional se le ha llegado a ofrecer hasta cuatro alternativas de piso en un mismo contacto, mientras que, al perfil extranjero, se le ofrece como máximo dos. Es decir, la población nacional accede al doble de opciones de vivienda, así como a más cantidad y diversidad de zonas.
El estudio señala que existen perfiles de “potenciales personas inquilinas”, asociados a personas nacionales o extranjeras de países con niveles socioeconómicos elevados, como Alemania, Holanda o Estados Unidos. Mientras que la población migrante económica u originaria de países de las regiones de Asia, África o América Latina, se enfrentan a presunciones estereotípicas negativas.
Desde la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha financiado el estudio a través de la Dirección General de Gestión Migratoria, se ha destacado en la presentación que este tipo de informes son especialmente útiles, ya que permiten trasladar las conclusiones al ámbito de la acción política. Responsables de la Dirección General de Gestión Migratoria han resaltado en la presentación del informe el excelente trabajo realizado en este estudio y ha adelantado que “el Gobierno de España está trabajando en la actualidad, para combatir la desigualdad y la discriminación, en un plan de integración e inclusión social, que tendrá en la vivienda uno de sus ejes fundamentales de actuación”.
“Para hacer frente a este problema, desde Provivienda se recomienda poner en marcha herramientas para la mejora del sistema de provisión de viviendas en España. Por ejemplo, a través de los programas de bolsas de alquiler que garanticen un acceso a la vivienda justo y en igualdad de oportunidades”, explica Martínez. Así mismo, es fundamental el aumento de la oferta de vivienda social y asequible, gestionada por organizaciones sin ánimo de lucro para atender las necesidades específicas de las personas migrantes y contrarrestar los procesos de segregación. “La discriminación inmobiliaria promueve la exclusión residencial y la segregación urbana en España, por ello, es esencial implementar medidas eficaces que garanticen un acceso igualitario y justo a la vivienda para todas las personas, independientemente de su origen, etnia o nacionalidad”, concluye Martínez.
