A comienzos del nuevo año el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado nuevos datos sobre el alquiler en España. Los resultados arrojados demuestran que la intervención en el mercado tiene efectos nefastos, comprimiendo la oferta y agudizando el desequilibrio.
Si bien en el conjunto de nuestro país se observa cierta heterogeneidad, el caso de Cataluña y más concretamente el de Barcelona merecen mención aparte por su diferencia respecto al resto: entre 2019 y 2021 el alquiler en la ciudad condal se ha reducido en un 13%, casi 5 puntos más en relación a la siguiente población que más ha sufrido este receso, también en Cataluña: Hospitalet de Llobregat (-8,07%). Estas alarmantes cifras son el resultado de una oferta en constante recesión y guardan por tanto una relación directa con la explosión de precios que se observa en los principales núcleos urbanos.
Las consecuencias de una gestión desfavorable
El caso de Cataluña, no es más que la materialización de lo que puede llegar a suceder cuando se implementan índices de precios y se combina con una limitación, en este caso del 2%, de las rentas al alquiler: los propietarios, ante la incertidumbre y la falta de rentabilidad obtenida de sus viviendas, optan por otros modelos para lograr mayor rendimiento o incluso por ponerlas a la venta.
Queda de manifiesto que este escenario se generalizará en todo el territorio español si se implementa la Ley de Vivienda impulsada por el gobierno. De hecho, estos efectos ya han empezado a notarse en Madrid, donde el número de viviendas alquiladas se ha reducido en un 4,53% pero la población que vive de alquiler se ha incrementado en casi dos puntos. La principal conclusión de este hecho es que hay más personas por cada vivienda. Es decir, muchas se han visto obligadas a compartir piso ante el aumento de precios, consecuencia de la contracción de la oferta.
Así, este tipo de regulaciónpuede llegar a comprometer aún más una oferta, que ya venía maltrecha de la crisis sanitaria del coronavirus, la Guerra de Ucrania y el contexto inflacionista. “El gran número de arrendadores que está apostando por cerrar o vender sus inmuebles, está empeorando el acceso a la vivienda al reducirse la oferta un 40%”, adelantaba en octubre de 2022 Antonio Carroza, Presidente de Alquiler Seguro.
Soluciones realistas
Como ha quedado patente, la salida a la crisis de los arrendamientos no pasa por intervenir los precios sino por apostar por un mercado libre y, en todo caso, tomar medidas que estimulen la oferta. De este modo, las rentas se terminan regulando de forma orgánica gracias al mecanismo natural del mercado. Además, mayor seguridad jurídica para los propietarios lograría el efecto contrario al que ahora vivimos sobre todo en el caso de Cataluña: las personas encontrarían incentivos para arrendar sus viviendas y obtener rentabilidad de una forma segura.