El sistema de avales públicos contra impagos de alquiler que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy no beneficiará a la mayoría de propietarios, ya que no incluye a los que alquilan a mayores de 35 años y no se encuentran en situación de vulnerabilidad y, sobre todo, no cubre los contratos de alquiler cuya renta supere el índice estatal de referencia, que son la inmensa mayoría.
“El Gobierno ha aprobado una medida que, aunque en un principio debería ser positiva, resulta inútil y queda prácticamente invalidada debido a las limitaciones de su alcance”, opina David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro.
“De nuevo, vemos cómo el Ejecutivo vuelve a incidir en la desprotección de los propietarios, con una medida que no es más que papel mojado. Mientras, por un lado, se prohíbe el desahucio de los inquilinos vulnerables, por otro lado, no se impulsa un verdadero sistema de avales público que cubra a todos los arrendadores y que les ofrezca verdaderas garantías frente a impagos y morosidad”, asevera.
“El problema, sobre todo, se encuentra en que solo podrán optar a suscribir este aval los arrendadores que alquilen sus viviendas a un precio que no supere el índice de referencia, cuando sabemos que, en el mercado actual, la gran mayoría de contratos se encuentran por encima de estas cantidades”, explica Caraballo. “Es, en definitiva, un requisito que limita su alcance e impide acceder a esta ayuda a la práctica totalidad de los propietarios que están sufriendo impagos”, añade.
De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio de Vivienda, podrán beneficiarse de esta medida los contratos vigentes a 30 de enero de 2025. “Esto implica un nuevo problema: ¿qué pasa si el inquilino se niega a suscribir el compromiso relativo al aval del alquiler? Una vez más, el Gobierno sigue apostando por medidas que ahondan en la asimetría entre arrendadores y arrendatarios”, señala el CEO de la compañía.
Una protección universal
“En resumen, no es una medida equitativa para propietarios e inquilinos. Si se ha establecido una protección universal de los inquilinos frente a un desahucio, debería ofrecerse también una cobertura universal para los propietarios frente a la morosidad. Sin embargo, lo que vamos a ver es que la mayoría seguirán teniendo que asumir el coste de no poder revocar el contrato en caso de impagos. Obligar a los propietarios a pagar la política social del Gobierno es una grave irresponsabilidad”, concluye el CEO de Alquiler Seguro.
