La crisis sanitaria derivada de la COVID-19 ha generado una situación económica debilitada que está dificultando el acceso a la vivienda de muchos núcleos familiares y colectivos. En este contexto, el gobierno central impulsó, mediante real decreto, la suspensión de desahucios vigente durante el estado de alarma, una medida que, sumada a la futura Ley Estatal de Vivienda, ha supuesto el rechazo frontal por parte del sector inmobiliario por considerar que el peso de la solución recae únicamente sobre el sector privado.
“El acceso a la vivienda es un problema social que se arrastra de lejos y que se ha visto agravado con la pandemia, por eso no puede resolverse únicamente con medidas aplicadas al sector privado, sino con aumentar el parque público de viviendas protegidas”, explica Emiliano Bermúdez, subdirector general de donpiso, añadiendo que en los últimos años la inversión en este tipo de inmuebles ha caído drásticamente.
En este sentido, en 2019, el porcentaje de viviendas protegidas en España respecto el total era solo del 8,5%y, hasta septiembre de 2020, fueron otorgadas 6.738 calificaciones provisionales de este tipo de vivienda. Son datos muy alejados respecto a diez años atrás, donde el porcentaje de viviendas protegidas en 2009 respecto el total era del 16%, y las calificaciones provisionales a cierre del 2010 eran 60.526, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). “Son cifras alarmantes y que demuestran poco compromiso por parte de las administraciones”, sentencia Bermúdez.
La futura Ley de Vivienda, en entredicho por el sector inmobiliario
La Ley Estatal de Vivienda que está ultimando el Gobierno con el fin de aumentar el parque de inmuebles español, lejos de aportar soluciones, conlleva algunos puntos dudosos como son la regulación de los precios del alquiler, la definición del concepto de vivienda vacía con el objetivo que los propietarios pongan sus propiedades en alquiler o empujar a grandes tenedores a destinar el 30% de sus viviendas a uso social.
“La balanza está totalmente desequilibrada y producirá el efecto contrario”, explica Bermúdez. “Las administraciones no pueden eludir su compromiso de afrontar el problema de la vivienda mediante más construcción de vivienda social, ya sea en modalidad de compra o de alquiler”. Y añade que incentivar fiscalmente a los propietarios en los impuestos relacionados con el IRPF o el IBI serían medidas bien recibidas por el sector privado.
Seguridad jurídica: un factor clave para la regulación del mercado
En este sentido, garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y minimizar la incertidumbre es la clave para que estas medidas funcionen: “Ofrecer garantías a los propietarios hará que se sientan cómodos y pongan sus viviendas en el mercado de alquiler, lo que hará aumentar la oferta y se estabilicen los precios”, analiza Bermúdez.
“Medidas como los antidesahucios, sin embargo, son un claro ejemplo de lo que no funcionará, ya que generan mucha inseguridad y un efecto contrario al deseado, pues los propietarios serán mucho más selectivos con el perfil del inquilino, dificultando el acceso a la vivienda”, concluye Bermúdez.
