La Diputación del Parlament de Catalunya ha rechazado convalidar el decreto ley de la Generalitat que regulaba los alquileres de temporada, aprobado en abril, justo antes del inicio de la campaña electoral del 12M. Este decreto, promovido por la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad, buscaba frenar el trasvase descontrolado de viviendas de alquiler convencional al de temporada. Sin embargo, la normativa hacía prácticamente inviable económicamente el alquiler de temporada en Cataluña, salvo para la asistencia a eventos recreativos o culturales, tal y como detalla el Personal Shopper Inmobiliario (PSI) de referencia en Cataluña, Iñaki Unsain.
El ex presidente de AEPSI (Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliarios) celebra que el decreto de ley no haya salido adelante: “Es una buenísima noticia”. El experto señala que “este decreto se aprobó como una medida electoralista justo antes de la campaña generando una retirada del 38% de la oferta de pisos en alquiler, generando inseguridad jurídica entre los propietarios”.
El decreto añadió un nuevo artículo a la ley de Vivienda de Catalunya de 2007, estableciendo que los alquileres firmados por motivos profesionales, laborales o de estudios, entre otros, serán considerados alquileres ordinarios de vivienda, independientemente de su duración y por lo tanto, estarían sujetos al control de rentas. “Imponer limitaciones a los contratos temporales para estudiantes y ejecutivos con periodos específicos de trabajo era una tontería”, enfatiza Unsain.
Necesidad de futura regulación
El experto apunta a la necesidad de garantizar un modelo que controle que esta tipología de contratos se está aplicando del modo correcto. Según Unsain “lo que tienen que hacer es vigilar que los contratos temporales para estudiantes y ejecutivos sean realmente para estudiantes y ejecutivos, y no contratos de vivienda habitual camuflados” e insiste en la necesidad de “controlar que estos contratos no sean en fraude de ley, pero nunca imponerlo por decreto ley”.
Durante el pleno realizado en el día de ayer, Alícia Romero (PSC) reconoció que la legislación española presenta «una brecha por la que puede colarse mucha gente para cometer fraude de ley» y coincidió en la necesidad de regular el alquiler de temporada.
De este modo, se deja abierta la posibilidad de una futura regulación, que deberá ser impulsada por el próximo Govern de la Generalitat. Considerando que la constitución del Parlament tras las elecciones no ocurrirá hasta el 10 de junio, el nuevo ejecutivo, en caso de llegar a un acuerdo, no se formará, como mínimo, hasta finales de junio. Por lo tanto, la nueva normativa sobre alquileres no se podrá implementar hasta finales de año.
