El Gobierno volverá a intentar en julio sacar adelante un nuevo decreto de vivienda con medidas destinadas a reforzar la protección de los inquilinos. Entre ellas figuran la recuperación de la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, nuevas limitaciones al alquiler temporal, la obligatoriedad de formalizar los contratos por escrito y un IVA del 21% para las viviendas de uso turístico.
La intención del Ejecutivo es contener la escalada de precios y evitar que determinadas modalidades de alquiler se utilicen para esquivar la regulación de la vivienda habitual. Sin embargo, como ya ocurrió con anteriores reformas, el debate vuelve a dividir al sector entre quienes consideran necesaria una mayor intervención y quienes creen que el problema sigue estando en otro sitio: la oferta.
«Regular sin aumentar la oferta puede expulsar más vivienda del mercado»
Para Mercedes Blanco, CEO de Vecinos Felices, el riesgo de endurecer la regulación del alquiler temporal sin ofrecer alternativas es evidente. Blanco advierte de que limitar una modalidad de alquiler sin incrementar al mismo tiempo la oferta residencial puede acabar reduciendo aún más el número de viviendas disponibles.
Su planteamiento parte de una idea sencilla: muchos propietarios no pasarán automáticamente al alquiler residencial si desaparecen determinadas opciones de explotación. Algunos optarán por vender, otros mantendrán la vivienda vacía o buscarán fórmulas distintas para rentabilizar sus inmuebles.
En otras palabras, regular no garantiza que aparezcan más viviendas en alquiler.
Iñaki Unsain: «Se sacrifica la oferta»
Una visión similar mantiene Iñaki Unsain, personal shopper inmobiliario y analista del mercado, quien considera que el nuevo decreto vuelve a centrarse en restringir el mercado en lugar de impulsar la producción de vivienda.
Unsain sostiene que se vuelve a sacrificar la oferta para responder a una necesidad política inmediata, cuando el verdadero problema sigue siendo la escasez de viviendas disponibles.
Su diagnóstico coincide con el de buena parte del sector inmobiliario: mientras no aumente la oferta mediante más suelo, una mayor agilidad administrativa y un incremento sostenido de la construcción, las medidas regulatorias tendrán un alcance limitado sobre los precios.
Más inseguridad jurídica
Desde portales como pisos.com recuerdan además que este tipo de regulaciones afectan a la percepción de estabilidad normativa de los propietarios. “Aunque proteger el acceso a la vivienda es un objetivo compartido, las políticas deben diseñarse con vocación de permanencia y claridad, ya que las medidas deben ser previsibles y duraderas para evitar que parte de la oferta se retire o se traslade a otros usos”, indica Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.
El experto señala que “el mercado necesita certidumbre” y advierte de que “en los últimos meses hemos visto cómo cambios normativos y decretos temporales han generado dudas tanto entre inquilinos como entre propietarios”.
El mismo debate, una vez más
El nuevo decreto vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que lleva años acompañando al mercado inmobiliario español.
¿Es posible mejorar el acceso a la vivienda únicamente regulando el alquiler?
El Gobierno considera que sí es necesario reforzar la protección de los inquilinos y cerrar vías que puedan tensionar aún más el mercado.
Sin embargo, voces como las de Mercedes Blanco, Iñaki Unsain o Ferrán Font recuerdan que la regulación difícilmente sustituirá a la creación de nueva oferta.
Porque el mercado puede cambiar de normas. Lo que no cambia es una realidad que todos los informes llevan tiempo señalando: España sigue teniendo menos viviendas de las que necesita. Y mientras esa ecuación no cambie, probablemente tampoco lo hará el debate.
