Según la reciente encuesta nacional realizada por FEVITUR, en la que han participado 169.315 viviendas de uso turístico (el 78% pertenecen a pequeños propietarios y operadores que gestionan propiedades de pequeños propietarios) inscritas legalmente en los registros autonómicos de turismo de las distintas comunidades autónomas, el 38% -aproximadamente 64.000 VUT- no ha podido obtener el número de registro estatal duplicado.
La presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) y de la Asociación de Viviendas Turísticas de la Comunidad Valenciana (APTUR CV), Silvia Blasco, denuncia que “la causa no es el incumplimiento de los requisitos legales autonómicos, únicos competentes en materia de turismo, sino el no cumplimiento de requisitos registrales impuestos por los Registradores de España, requisitos ajenos a la normativa turística y no exigidos por ninguna ley sectorial”.
Blasco explica que estas viviendas de uso turístico (VUTS) siguen siendo plenamente legales conforme a la normativa autonómica y, pese a ello, han desaparecido de las plataformas digitales por efecto directo del Real Decreto 1312/2024, “se trata, por tanto, de una restricción artificial del acceso al mercado, que no combate la ilegalidad, sino que penaliza al operador legal, reduce la oferta disponible y genera inseguridad jurídica”.
La presidenta de FEVITUR añade que “la caída de la oferta turística celebrada públicamente desde diversos ámbitos no se explica por el cierre de viviendas ilegales, sino por una salida administrativa de vivienda plenamente legal”. Así, las recientes manifestaciones públicas a favor de la caída de la oferta VUT’s en plataformas digitales “confunde conceptos básicos del mercado inmobiliario y conduce a conclusiones que no se sostienen ni económica ni jurídicamente”, afirma Blasco.
“Reducir anuncios online no equivale a crear vivienda, ni a abaratar precios, ni a resolver los problemas estructurales del acceso a la vivienda en España” explica Silvia Blasco. La patronal del sector explica que, desde un punto de vista económico, el mercado de la vivienda está compuesto por las viviendas que efectivamente se ponen en venta o en alquiler (largo o corto) en un año concreto. Quedan fuera del mercado las viviendas vacías, las viviendas cerradas por inseguridad jurídica y las viviendas retiradas de toda actividad económica.
El impacto marginal de las VUTS en el mercado inmobiliario
Actualmente, en España hay 27.000.000 de viviendas construidas. Según el Colegio de Notarios, en 2025 se registraron aproximadamente 700.000 compraventas escrituradas, en el caso del alquiler, nuestro país cuenta con 19,3 millones de hogares. El 20,4% de la población vive en régimen de alquiler, lo que supone 3.937.200 de viviendas alquiladas. Con una rotación media de 5 años por contrato, cada año entran al mercado 787.440 viviendas en alquiler.
En el año 2025, el mercado total de vivienda (venta + alquiler efectivo) era de1.487.440 viviendas. El peso real de las VUT en ese mercado en el 2025, lejos de aumentar su impacto ha disminuido, pues se ha producido una salida neta del uso turístico de 46.699 VUT, lo que representa un 2,3% del total de la oferta disponible para venta/alquiler.
Sin embargo, lejos de bajar el precio del alquiler, en algunas zonas se ha tensionado más y, tanto el mercado de alquiler como el de compraventa ha marcado nuevos máximos históricos de precios. “A la vista de estas cifras contrastadas, es evidente que la retirada de VUT no ha generado ningún alivio medible para los inquilinos” señala Silvia Blasco, que añade que el motivo es evidente “su impacto es marginal frente al tamaño real del mercado inmobiliario. Queda claro que reducir anuncios online no equivale a crear vivienda, ni a abaratar precios, ni a resolver los problemas estructurales del acceso a la vivienda en España. En definitiva, menos anuncios en plataformas turísticas de alquiler no significa más vivienda”.
Blasco ha puesto el foco en la posición irresponsable de Exceltur, señalando que resulta significativo que este relato sea amplificado por el principal lobby hotelero, “celebrar la desaparición de un segmento legal del mercado no es apoyar una política de vivienda y tiene efectos negativos tanto para los consumidores como para la movilidad económica y laboral”.
Silvia Blasco afirma con rotundidad que “destruir sin construir no es política pública” y que “las medidas actuales destruyen actividad económica en destinos donde el alojamiento turístico es estratégico, reducen la oferta flexible necesaria para la movilidad humana, no crean vivienda nueva y no reducen precios”.
Suspensión inmediata de la VAU 1560 y la adaptación del RD 1312/2024.
Por todo ello, desde FEVITUR exigen la suspensión inmediata de la VAU 1560 y la adaptación urgente del Real Decreto 1312/2024, que no deja de ser un reglamento sin cobertura en una ley estatal habilitante y contrario al marco normativo de la Unión Europea. La patronal mantiene su mano tendida para encontrar otras soluciones que acaben con esta inseguridad jurídica.
“Mantener este sistema supone impedir el acceso a las formas tradicionales de comercialización, generar discriminación entre modalidades alojativas y expulsar del mercado vivienda plenamente legal. Todos perdemos cuando la población flotante -turística y no turística- no puede acceder al mercado con las mismas garantías de seguridad jurídica que el resto de las modalidades alojativas” concluye Blasco.
