Después de meses endureciendo el control sobre las viviendas de uso turístico, el Tribunal Supremo ha terminado tumbando el Registro Único estatal impulsado por el Ejecutivo al considerar que invadía competencias autonómicas. Y la consecuencia no es menor: el sector ya habla de reclamaciones patrimoniales que podrían alcanzar los 160 millones de euros.
“El mensaje de fondo es inequívoco: el alquiler de corta duración no queda fuera de la regulación ni del marco europeo, pero no puede someterse a cualquier arquitectura jurídica. Regular no es duplicar, coordinar no es intervenir y armonizar no es recentralizar. La anulación del Registro Único cierra una etapa de sobrerregulación y abre otra en la que será necesario rediseñar un modelo más inteligente, interoperable y respetuoso con el reparto competencial y con la seguridad jurídica”, explica Silvia Blasco, presidenta de FEVITUR y APTURCV.
Durante meses se ha trasladado la idea de que el problema de la vivienda en España tenía un culpable claro: las VUT. Había que limitar, prohibir, registrar, vigilar y expulsar del mercado miles de pisos turísticos para “liberar vivienda”.
El problema es que la realidad, como casi siempre en vivienda, es bastante más compleja.
El Supremo recuerda ahora que el Estado no podía imponer un modelo único sobre una competencia que corresponde a las autonomías. Y miles de viviendas perfectamente legales a nivel autonómico quedaron bloqueadas por criterios registrales ajenos a la normativa turística.
Mientras tanto, el mercado del alquiler residencial sigue donde estaba:
- poca oferta
- precios altos
- demanda disparada
Y aquí aparece una de las grandes preguntas incómodas del debate: ¿Alguien pensaba que restringir masivamente las viviendas turísticas iba a resolver por sí solo el problema estructural de vivienda en España?
Ahora el escenario se vuelve todavía más paradójico: el Supremo tumba el registro estatal, el sector plantea reclamaciones millonarias y las autonomías vuelven a asumir el control.
Por su parte, el Ministerio defiende que el sistema permitió aflorar más de 111.000 alquileres irregulares.
La sensación que queda es la de un mercado donde cada administración intenta apagar el incendio desde una esquina distinta mientras el problema de fondo sigue siendo el mismo: faltan viviendas.
Y quizá ahí está el verdadero debate. No tanto cuántas viviendas turísticas sobran, sino cuántas residenciales faltan.
Porque limitar puede ser relativamente sencillo. Lo difícil sigue siendo construir, agilizar y dar seguridad jurídica suficiente como para que alguien quiera invertir y poner vivienda en el mercado.
