EFE. Madrid. 24/05/2013
Los emprendedores no tendrán que responder con su vivienda habitual -con un límite de 300.000 euros- de las deudas derivadas de su actividad empresarial.
De esta forma, se constituye la figura del «emprendedor de responsabilidad limitada» incluida en el anteproyecto de ley de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización, aprobado hoy por el Consejo de Ministros.
Así, se diferencia la actividad empresarial de la responsabilidad personal ya que actualmente los empresarios deben responder ilimitadamente con todos sus bienes por las deudas empresariales.
En rueda de prensa, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la ley también incluye un mecanismo para favorecer la «segunda oportunidad» que permitirá a las empresas con un balance inferior a los 5 millones de euros acudir a una vía extrajudicial de negociación en vez de al concurso de acreedores.
Este mecanismo -que obligará a cambiar la ley concursal- permitirá a los empresarios obtener una quita en la deuda de hasta el 25 % y una moratoria de pago de hasta tres años, en línea con los requisitos para los aplazamientos exigidos por la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
También se ha creado la figura de la «sociedad limitada de formación sucesiva» que permitirá crear una sociedad limitada con una aportación inicial inferior a los 3.000 euros que se exigen actualmente y se establece que el 20 % de los beneficios deben ir a reservas legales.
La vicepresidente no ha adelantado el número de puestos de trabajo que el Gobierno estima se crearán con esta norma y ha informado de que en la próximo semana hará «una exposición detallada de las medidas y sus efectos» en la mayoría de los ministerios implicados.
Preguntada por qué ha tardado tanto el Ejecutivo en aprobar la ley, Sáenz de Santamaría ha respondido que el Gobierno ha tenido que aprobar muchas normas de manera urgente por la situación «límite» que había cuando ganó las elecciones.
Tras «mucho trabajo» de los ministerios, la norma se ha puesto en marcha cuando el Ministerio de Hacienda ha podido hacer frente a los compromisos del Ejecutivo de conseguir una menor carga de impuestos.
«Esta norma supone un cambio impositivo importante en la manera de pagar las facturas y clave para 2,3 millones de personas físicas y jurídicas».
