España ya prima el criterio de la sostenibilidad sobre el economicista en la contratación pública en materia de edificación, si bien “hace falta más ambición”, según el análisis elaborado por Green Building Council España (GBCe). “Lo importante ahora es que la Administración pública, que dedica el 20% de sus presupuestos a la contratación, vaya más allá a la hora de exigir requisitos sociales y medioambientales en sus contratos”, afirma Borja Izaola, experto del Área Técnica de GBCe y coordinador del proyecto europeo LIFE Level(s), que acaba de presentar el Manual de buenas prácticas de contratación pública ecológica.
De este modo, criterios como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) dejan de ser una mera opción y se convierten en el referente de una compra pública responsable. “El sector público debe ejercer un papel de liderazgo en materia de sostenibilidad, tanto social como ambiental, y la contratación pública es la herramienta más potente de la que dispone para vincular el rendimiento económico y el compromiso ético de las empresas”, argumenta Izaola.
En un contexto como el actual, marcado por los Fondos Next Generation, los contratos públicos dejan de ser una mera adquisición de bienes y servicios y sirven para alcanzar objetivos económicos, sociales y medioambientales, permitiendo movilizar las inversiones hacia proyectos ecológicos y sostenibles a nivel social. “Este nuevo paradigma, en el que se prima la calidad y no la propuesta más barata, es lo que el catedrático José María Gimeno Feliu califica de Big Bang en la contratación pública”, explica el coordinador de LIFE Level(s). De esta manera, se trata de elegir aquellos proyectos que planteen la mejor oferta dentro de un estándar de calidad homogéneo.
Esta visión cualitativa ya está contenida en la Ley de Contratación del Sector Público —de 2017— o en la normativa reguladora de los Fondos europeos Next Generation, donde se exige cumplir con la legislación comunitaria de medio ambiente y de política social. “La calidad de la prestación exige tener en cuenta los costes monetarios y medioambientales en todo el ciclo de vida”, especifica el coordinador de LIFE Level(s).
Buenas prácticas en España
“Ya se están desarrollando buenas prácticas desde las administraciones públicas en España en el sector de la edificación”, asegura Izaola. En este sentido, destacan iniciativas como las de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco (IHOBE), que ha puesto en marcha ambiciosas políticas de economía circular y valorización de residuos; el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), con la introducción de materiales naturales y locales como la piedra de marés o la posidonia, o la Generalitat de Catalunya y de Valencia, con la introducción de pliegos ambientales y transformación organizacional, poniendo como eje la sostenibilidad.
También la Agencia Metropolitana de Barcelona (AMB), con la introducción en sus contrataciones de una mayor valoración de las cuestiones ambientales; la Junta de Andalucía, con sus intervenciones bioclimáticas en centros educativos, y el Observatorio Nacional de Compra Pública (ObCP), apoyado por las universidades de Zaragoza y Alcalá de Henares, que generan opinión desde las más altas instancias y, además, innovan en la contratación.
Asimismo, resaltar las exigencias de certificaciones de sostenibilidad en sus edificios por parte de las empresas públicas SEPIDES y SIEPSE, o la gestión del parque edificado bajo criterios de sostenibilidad de los ayuntamientos de Gijón, Sevilla, Valladolid, Vitoria, Zaragoza, Barcelona o Madrid.
