¿Por qué el primer el acceso a la primera vivienda resulta tan complejo para amplias capas de la población, en especial las más jóvenes? ¿Qué medidas deberían tomarse para revertir esta situación? ¿Las soluciones implementadas en algunos países de nuestro entorno, donde el parque que alquiler social supone hasta el 35%, también son válidas en España? Estas son algunas de las cuestiones que se han abordado en la segunda mesa de la reunión anual del portal preciosdevivienda.es, en la que participado como ponentes Aitana Alguacil Denche, de EAPN España, Juan Antonio Gómez-Pintado, Presidente de ASPRIMA y de APCEspaña, Francisco Javier Martín Ramiro, Director General de Vivienda y Suelo, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Javier Rodríguez Heredia, Presidente de la Comisión Residencial de ASIPA, y Carme Trilla, Presidenta del Observatori Metropolità de L’Habitatge de Barcelona.
Aitana Alguacil Denche, socióloga y técnico de EAPN España, ha abierto el debate para apuntar que los jóvenes son el grupo más demandante de vivienda pero el más perjudicado. “Desde la crisis se ha registrado un cambio de tendencia; antes había más acceso a la compra de vivienda por el acceso al crédito. A partir de ahí, lo que se ha registrado es un aumento en la edad de emancipación, que ahora está en 29,5 años. Hasta 2010 los jóvenes optaban, sobre todo, por la compra de vivienda, pero con la crisis se empieza a alquilar más debido a la pérdida de empleo, que desincentiva la compra, y a la menor otorgación de hipotecas. Por eso, hoy el 52% de la población joven de 16 a 32 años se decide por el alquiler, aunque se ha registrado un ligero aumento de la compra en los años 2017 y 2018, que se justifica por el aumento de precios de la vivienda en alquiler”.
Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Asprima y de APCE España, ha coincidido en que la problemática del acceso a la vivienda está focalizada en los jóvenes, pero, en su opinión, este es un problema histórico. “Todos estos años, después de la crisis, el mercado inmobiliario ha estado viviendo de la vivienda de reposición, porque los jóvenes no tienen posibilidad de acceso, pero este es un problema de estructura de país, algo que ocurre en muchos países desarrollados”. En su opinión, “la diferencia es que en otros sitios se han tomado decisiones valientes, y ese debe ser un reflejo en el que debemos mirarnos, hay que dar soluciones habitacionales”. Gómez-Pintado ha concluido su intervención con una pregunta a la que también ha respondido. “¿Queremos que el alquiler esté regulado? Hay que tener un principio de seguridad jurídica, que no se puede vulnerar; un principio de rentabilidad, que es absolutamente necesario para las empresas; y un principio de la propiedad privada, que es ineludible. Si se cumplen estos tres principios, hay un mercado abierto y se tiene que producir la oferta”.
Por su parte, Francisco Javier Martín Ramiro, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha destacado que “hoy en día hay un sector poblacional con el que estamos en deuda y para el que tenemos que actuar. En algunos lugares hemos sufrido un proceso de expulsión para determinados perfiles vulnerables, así que este es un reto de una magnitud importante que tenemos que afrontar. Debemos dar un impulso medido y eficaz. Este es un problema esencialmente técnico y debemos abordarlo con rigor. La fórmula de colaboración público-privada es fundamental, porque es impensable que las Administraciones lo enfrenten únicamente con sus recursos. Las Administraciones deben facilitar un marco jurídico y económico seguro, utilizando un principio básico que no hemos aplicado durante todos estos años y es construir un modelo inmobiliario que no sea especulativo, sino puramente social”.
A continuación ha intervenido Javier Rodríguez Heredia, presidente de la Comisión Residencial de ASIPA, quien ha manifestado lo siguiente: “Las tasas de esfuerzo que teníamos antes de 2017 para la compra de una vivienda eran casi 9 veces el salario, cuando hoy estamos en 7,5 veces. La tasa de esfuerzo en alquiler dedicando más del 40% del salario es un ratio muy feo en España comparado con el de otros países de la UE, pero desde 2014 viene bajando. Según, Eurostat estamos en el 38%, frente al 43% de la media de los últimos 15 años. En todo caso, nos estamos enfrentando a un cambio en el modelo habitacional. Ahora bien, el mercado de alquiler en España, de unos seis millones, no es único, pero está desequilibrado. El parque de vivienda social y protegida en España asciende a un 3,5% frente al 35% de los países europeos. Por tanto, es urgente generar más oferta en estos segmentos, porque la oferta de alquiler libre siempre ha funcionado. Hoy hay mucho capital disponible, si bien hay que dar seguridad jurídica”.
Carmen Trilla, presidenta de Observatori Metropolità de L’Habitatge de Barcelona ha destacado que el problema no es coyuntural, sino estructural. “Tras la salida de la crisis a partir de 2014 esta es la primera vez en 30 años que no se registra una demanda de compra de vivienda, sino que aparece una demanda inusual de alquiler para la que no estábamos acostumbrados, ni preparados. El parque público de alquiler es escasísimo, especialmente el alquiler social y asequible, así que esta demanda se canaliza hacia el mercado libre. Según las cifras de las que disponemos, un alquiler aceptable estaría alrededor de los 600 euros, pero para que esto fuera posible se precisaría disponer de suelos casi sin repercusión. Y además habría que cambiar el sistema financiero para que dé prestamos a las empresas que promuevan el alquiler y revise la fiscalidad sobre la vivienda protegida o social, con un IVA, por ejemplo, excesivo. El control de los alquileres no es la panacea; se tiene que hacer una política para rebajar los alquileres por la vía de bonificar al propietario (por ejemplo, el que ponga precios más bajos y enfríe así el mercado) no con medidas sancionadoras sino incentivadoras”, ha concluido.
