El inicio del mercado inmobiliario español en 2025 viene marcado por el Plan Estatal de Vivienda, que entrará en vigor en 2026, anunciado por el ejecutivo del Gobierno. En el ambicioso plan promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez, ampliar el presupuesto destinado a vivienda pública destaca entre las medidas más llamativas. Sin embargo, según el último dato disponible de la Intervención General de la Administración del Estado, de los 4.175 millones disponibles para el Ministerio de Vivienda en 2024, apenas se ha gastado un 41,6% (1.738 millones). Por ello, los expertos demandan una mejor planificación de los presupuestos.
“Aunque existan buenas intenciones y numerosas ideas, sin una planificación presupuestaria adecuada, estas iniciativas difícilmente podrán materializarse”, advierte Mercedes Blanco, miembro del equipo de dirección de Fincas Blanco y CEO de Vecinos Felices. Entre las principales demandas a las que apunta la experta, “establecer un plan de vivienda a largo plazo y un presupuesto coherente, transparente y enfocado es una necesidad imperiosa para garantizar un mercado de alquiler accesible y sostenible” resulta la prioridad para el mercado.
Medidas a corto, medio y largo plazo
Una de las medidas anunciadas por el Gobierno ha sido la creación de una empresa pública de vivienda que comenzará a operar durante el primer semestre del año. Esta iniciativa incorporará más de 30.000 viviendas provenientes del conocido como ‘banco malo’, de las cuales 13.000 estarán disponibles de forma inmediata y las 17.000 restantes se integrarán progresivamente. Para Mercedes Blanco, el éxito de esta medida dependerá de que el plan de actuación no se limite únicamente a objetivos a corto plazo, sino que contemple también una estrategia sostenible a medio y largo plazo.
En cuanto a las medidas de largo alcance, Blanco destaca la importancia de diseñarlas con base en proyecciones demográficas y en los cambios sociales que afectan al mercado de la vivienda. “El aumento de familias monoparentales o la creciente demanda de viviendas individuales podría abordarse incrementando la edificabilidad o permitiendo la segregación de fincas para aumentar la densidad poblacional en zonas prioritarias. Además, es crucial apoyar la mejora de infraestructuras que faciliten el acceso a viviendas ubicadas en un radio de 50 kilómetros de las grandes ciudades”, explica la experta.
De este modo, Mercedes Blanco subraya que una política de vivienda efectiva debe ser flexible y adaptarse a las transformaciones sociales y demográficas, priorizando tanto la solución inmediata como la planificación a futuro.
Responsabilidad pública
Entre los presupuestos aprobados que todavía siguen sin utilizarse se encuentran los 200 millones de euros destinados al Bono Alquiler Joven aprobados en octubre y que diversas comunidades autónomas siguen pendientes de aprobar con el fin de poder publicar sus convocatorias.
Para Mercedes Blanco, resulta “una necesidad imperiosa garantizar un mercado de alquiler accesible y sostenible”, lo cual podría facilitarse a través de una mayor aprobación de licencias de cambio de uso de locales comerciales a vivienda a través de financiación público-privada que, no obstante, “no dependa exclusivamente de la colaboración en la que los privados sean los principales financiadores”.
“Si el sector público no asume su responsabilidad económica, las soluciones serán insuficientes y el problema estructural de la vivienda persistirá”, destaca la agente de la propiedad, parte de la comisión de vivienda de la cámara de comercio de Barcelona, quien propone un mejor reparto de los ingresos generados por el propio mercado. “La vivienda en España genera ingresos significativos para el Estado a través de impuestos y tasas a nivel local, autonómico y estatal. Por tanto, es fundamental que una parte proporcional de estos ingresos se destine específicamente a la ejecución de políticas de vivienda en alquiler” sentencia Blanco.
