Madrid. Julio 2013
Entrevistamos a Patricia, Suárez, Presidenta de ASUAPEDEFIN, la Asociación de Usuarios Afectados por Permutas y Derivados Financieros
VIVIENDA DEPRISA: Para aquellos que no os conocen todavía, ¿qué es ASUAPEDEFIN y cuál es su labor?
PATRICIA SUÁREZ: Somos una asociación de consumidores y usuarios (inscrita en el REACU con el nr. 21) dedicada a la defensa de los clientes minoristas. La asociación se funda en julio de 2009 por varias personas afectadas por las permutas financieras (swaps) con el compromiso de difundir el problema, iniciar acciones legales para la solución del problema así como facilitar el acceso a la justicia para que los afectados pudieran recuperar el dinero.
VD: ¿Con cuántos asociados cuentan ya? ¿Han notado un incremento significativo ante el recrudecimiento de las dificultades económicas?
PS: A día de hoy, somos 672 socios. Efectivamente, en los primeros años de la asociación acudían a nosotros solamente afectados por swaps. Sin embargo, desde hace 2-3 años atendemos afectados por otro tipo de productos: preferentes, deuda subordinada, estructurados, hipoteca multidivisa, etc… En parte porque estos productos han dado su verdadera cara a partir de 2010-11, en parte porque las familias disponen de menos recursos y se plantean la posibilidad de recuperar lo perdido.
VD: Hasta el momento, han ganado la mayoría de las sentencias contra los swaps, la justicia exige ahora la supresión de la cláusula suelo de las hipotecas, la dación en pago es cada vez más habitual así como la negociación de un alquiler social con los bancos… ¿Qué balance hace de los logros alcanzados?
PS: El balance es claramente positivo si tenemos en cuenta que se partía de un punto prácticamente cero. Hace tres años casi nadie se atrevía a demandar a su banco. Era algo que se apreciaba como imposible. Hoy la realidad social ha cambiado y los ciudadanos exigimos a las entidades financieras un tratamiento acorde con nuestra condición de clientes, semejante a lo que sucede en otros sectores de la actividad económica.
No obstante, queda todavía mucho camino por andar.
VS: ¿Cuál cree que ha sido el paso más importante dado en este avance en la defensa de los consumidores?
PS: Sin duda, la superación de la resignación con la que los consumidores veníamos asumiendo nuestros conflictos con las entidades financieras. Hasta hace poco, las entidades financieras hacían realmente lo que querían. Hoy ya no es así, en buena parte gracias a la aparición de las redes sociales y la posibilidad de comunicarse con otras personas con el mismo problema. Ello ha supuesto un acceso importante a la información que, acompañada de una buena organización, marca un antes y un después en la defensa de los consumidores en general y de los clientes bancarios en particular. La relación entidad financiera consumidor ha empezado a equilibrarse.
VS: Las preferentes ocupan ahora gran parte de la atención mediática. Los afectados sufrirán importantes quitas y siguen insistiendo en los abusos bancarios ante el desconocimiento financiero de los inversores. ¿Qué valoración hacen de este asunto? ¿Qué solución creen que sería más justa en este caso?
PS: La comercialización de preferentes a todo tipo de clientes que llevaron a cabo fundamentalmente las Cajas de Ahorro ahora controladas por el FROB es un ejemplo magnífico de decisión político-económica contra los consumidores. En un entorno de falta de liquidez con los mecanismos ordinarios, qué “mejor” ocurrencia que pedirles a nuestros clientes una aportación a cambio de unos intereses por encima de mercado que objetivamente las entidades no podían afrontar. Fue una manera de ganar tiempo para evitar la quiebra de las Cajas, antes de una intervención pública que al final llegó inevitablemente llevándose entre medias los ahorros de los jubilados españoles.
El resultado es que los preferentistas se ven hoy obligados a pagar con la recuperación parcial de su dinero el riesgo asumido al convertirse en tenedores de participaciones de la entidad y ya se sabe que la Unión Europea entiende que accionistas y tenedores de participaciones son los que deben afrontar las deudas de las entidades, así de simple.
La solución más justa sería la devolución íntegra de lo invertido, pero ello tiene un problema: Ni la Unión Europea lo permite, ni el Estado ni las entidades ahora intervenidas tienen dinero, así que no queda otro remedio que soluciones parciales como la del arbitraje o soluciones globales y justas, pero largas y costosas, como las de los Tribunales.
No olvidemos que el arbitraje se les impone a las entidades por recomendación de las consultoras para evitar miles de litigios que iban a perder y que oportunamente se creó y aumentó un sistema de tasas judiciales para disuadir de reclamaciones masivas.
En suma, tras el desastre de la venta de preferentes hay que buscar caminos sinuosos para recuperar lo invertido, bien porque se acepte la recuperación no total del mismo, bien porque se asuma el riesgo de acudir a los juzgados.
VD: ¿Qué opinan de los resultados de la reforma financiera y de la creación de Sareb?
PS: La pregunta hay que formularla al revés. Si la Sareb, o banco malo, es una solución ideal por qué se han necesitado cuatro años de crisis para ponerlo en marcha. La respuesta es sencilla, el banco malo es la asunción de que los activos que las entidades financieras han esgrimido para negar que están en una situación económica límite valen poco o muy poco. En Irlanda asumieron el problema antes y están saliendo de la crisis.
Realmente las cuatro reformas financieras que se han sucedido desde 2010 han pretendido ser siempre la solución definitiva, pero siempre han tenido que ser ampliadas o sustituidas por otras. Desde el primer día de la crisis se sabía que todas las entidades financieras (y no financieras, baste pensar en alguna gran cadena de distribución) estaban muy apalancadas con inversiones inmobiliarias y que el hundimiento de la demanda en este mercado le provocaría enormes pérdidas que llevarían a algunas de ellas a la quiebra. Eso es lo que ha ocurrido –con colocación de preferentes por medio- y todas y cada una de las reformas financieras han intentado, sin éxito, parar el descenso en picado del sistema hasta que éste ha llegado al fondo cuando tenía que llegar.
VD: ¿Conocen casos en los que la subida de las tasas judiciales haya dificultado el acceso a la justicia de algún afectado?
PS: Por supuesto, en especial para reclamaciones de cuantías pequeñas, al consumidor no le merece la pena acudir a la justicia.
VD: ¿Qué retos creen que quedan aún por conseguir? Objetivos de futuro.
PS: Por ahora queda mucho presente que luchar frente a los abusos cometidos en estos últimos años. Más adelante creo que se precisa aumentar la educación financiera no sólo de los consumidores, sino también del empleado medio de banca que no puede comercializar productos complejos tras un cursillo de un par de horas. Creo también que deberíamos plantearnos la elaboración de un código ético del empleado de banca que incluyera la posibilidad de que puedan objetar frente a la venta de productos que evidentemente son perjudiciales para los consumidores, que son, no lo olvidemos, sus familiares, sus vecinos, sus amigos.
Además creemos que también sería preciso introducir, como en el sector del medicamento, una agencia pública única que autorice la comercialización de determinados productos financieros a clientes minoristas. Por desgracia, ni el Banco de España, ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores han cumplido con esta función y ello por una razón fácil de explicar: las entidades financieras con las preferentes, los SWAPs, las hipotecas multidivisa, etc, saltaron la barrera entre productos bancarios (control por el Banco de España) hacia los productos de inversión (control CNMV). El Banco de España ha sido eficaz en la aclaración, por ejemplo, de las comisiones bancarias y la CNMV ha detectado empresas de inversión ficticias, pero cuando se ha mezclado banca minorista más producto de inversión ninguno de los dos ha sabido responder. De ello, se aprovecharon los bancos y cajas de ahorro y los perjuicios los estamos viendo en una elevada litigiosidad.
