Madrid. 17/06/2013
El Gobierno se dispone, según lo aprobado dentro de la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas, a poner en marcha un Registro público de Inquilinos Morosos, que a juicio del Fichero de Inquilinos Morosos (FIM) supondrá «destinar dinero público para conocer como máximo un 10% de la morosidad en el alquiler».
El nuevo Director de Estudios y Calidad del FIM, Sergio Cardona, explica este aspecto, «del total de la morosidad que se produce en los arrendamientos urbanos en toda España, como mucho el 10% llega a reflejarse en las sentencias judiciales por desahucio, y el Registro que quiere poner en marcha el Gobierno sólo utilizará esta fuente». «La información sobre el 90% de la morosidad en el alquiler quedará fuera, precisamente la que proporcionan los particulares (arrendadores) y los profesionales del sector», señala Sergio Cardona.
«Este Registro será costoso e inoperante porque nace prácticamente ciego para poder estudiar la totalidad de la morosidad en el alquiler», advierte Cardona
Hace un año, cuando el FIM conoce la intención del Gobierno de crear un registro público de Inquilinos Morosos, insta al Ejecutivo a una “colaboración conjunta”, con el objetivo de fortalecer las garantías jurídicas de los propietarios de viviendas en alquiler y potenciar de este modo el arrendamiento.
El Fichero de Inquilinos Morosos contiene toda la información procedente de sentencias judiciales por desahucio, más la información aportada por los usuarios arrendadores y profesionales desde hace siete años. El FIM lleva desde el año 2005 recopilando datos estadísticos, convirtiéndose en la base de datos más amplia y completa sobre morosidad en arrendamientos en el territorio nacional.
Nuevo estudio FIM
La próxima semana el FIM presentará en Madrid, ante los medios de comunicación, empresas y profesionales del sector, el VI El Estudio FIM sobre la Morosidad en Arrendamientos en España 2013. Los Estudios FIM determinan la evolución de la morosidad en las relaciones contractuales de arrendamiento en España y sus Comunidades Autónomas, mostrando tendencias desde el año 2007. El ámbito geográfico de los Estudios FIM comprende todo el territorio nacional español incluyendo sus 17 Comunidades Autónomas más las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Corroborando lo que dice el FIM, si el nuevo registro sólo se va a encargar de dar cabida a las sentencias de los tribunales, no tiene mucho sentido emplear dinero público en ello.