NdP MIVAU. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha comparecido ante el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar su gestión al frente del Ministerio. En ella, la ministra ha defendido la acción de su Departamento durante los once primeros meses de Legislatura y cuyos ejes de actuación se resumen en cinco categorías: financiación sin precedentes, regulación, fiscalidad, movilización suelos públicos y protección del parque y colaboración, diálogo e interlocución.
Isabel Rodríguez ha defendido ante los grupos parlamentarios la necesidad de “blindar a perpetuidad la protección de las viviendas del parque público” y, en ese sentido, considera que “hoy somos una gran mayoría los que entendemos que es necesario blindar el parque de vivienda, los suelos públicos y los esfuerzos que estamos haciendo para que siempre sirvan al interés general”. Y ahí, ha afirmado, las “comunidades autónomas tienen mucho que decir y espero que este acuerdo sea unánime”.
En su intervención, Rodríguez ha asegurado que el Gobierno “escucha, entiende, atiende y cumple sus compromisos” y que “no vamos a parar y haremos lo que sea necesario para conseguirlo”. Asimismo, ha tendido la mano a la Cámara, instituciones públicas competentes y a la sociedad para garantizar el derecho de acceso a la vivienda.
Ampliar el parque público de vivienda, protección de su función social y ciudades y pueblos más sostenibles
Estas son los tres grandes objetivos de las políticas del Ministerio que dirige Isabel Rodríguez y en las cuales “desde el Gobierno vamos a seguir trabajando sin descanso y con todos los recursos a nuestro alcance para atender esta emergencia social que ahoga a cientos de miles de personas”, defendió.
“La situación requiere de la combinación de acciones políticas urgentes con otras a largo plazo”, argumentó, “se trata de contar con más vivienda pública, más vivienda asequible, más protección, más calidad y alcanzar un gran acuerdo de país sobre la vivienda”. Para conseguir este objetivo, Rodríguez defiende que “estamos invirtiendo y construyendo vivienda pública para recuperar el déficit de los últimos años, sin cejar en el empeño, cambiando el objeto de los planes de vivienda más recientes y sembrando para un cambio de paradigma en el futuro” para conseguir “movilizar la oferta asequible” y “priorizando la función social de la vivienda sobre su destino a cualquier uso”.
En relación con la ampliación del parque público de vivienda, Rodríguez diagnostica que la vivienda social en España “se sitúa en niveles muy por debajo de la media europea” y que los esfuerzos del Ejecutivo van en la línea de “lograr la convergencia” con Europa. Para ello, defiende, es necesaria una mayor dotación de recursos, en línea en lo que está haciendo el Estado, y con el que “esperamos contar con más fondos del Plan Europeo de Vivienda anunciado por Von der Leyen y que sean complementados con la necesaria corresponsabilidad financiera del resto de Administraciones públicas”.
Para aumentar el parque público de vivienda “seguiremos ahondando en el fortalecimiento de instrumentos como SEPES, SAREB e ICO”, ha indicado Isabel Rodríguez, “para desarrollar formulas dirigidas a garantizar la función social de la vivienda”.
Por otro lado, para el aumento de este parque, Isabel Rodríguez defiende la colaboración público-privada y la mayor disposición de suelo público. En este sentido, la ministra ha defendido la necesidad de la aprobación de la Ley del Suelo “que es fundamental para la construcción del parque público de vivienda”. “Un instrumento, una solución, regulación a favor de la construcción del parque público de vivienda”, ha defendido.
El segundo de los tres grandes ejes es la “protección de la función social de la vivienda”. Isabel Rodríguez ha defendido que el libre mercado “no es la solución cuandohablamos de una necesidad básica y de un derecho, hay que destinar todos los recursos y, cuando ni siquiera así se consigue pagar el alquiler, es que tenemos que hacer mucho más”.
Para proteger esa función social “hay que regular”, ha dicho. “El objetivo de la regulación es que la movilización de viviendas lo sea para uso residencial. Es decir, viviendas para vivir. No al abuso de temporada, no al uso turístico ilegal y a la generación de infraviviendas con el hacinamiento de habitaciones. Se trata de movilizar vivienda y contener o bajar el precio del alquiler”, ha destacado dentro de esta línea.
Y, en esta misma línea, Rodríguez defiende “blindar a perpetuidad la protección de las viviendas del parque público”, las “comunidades autónomas tienen mucho que decir y espero que este acuerdo sea unánime”. Por último, dentro de este eje, la ministra ha recordado “otros retos pendientes” del desarrollo de la Ley de Vivienda, como el sistema de arbitraje o “la implicación de los servicios sociales para la protección de las personas vulnerables”.
Por último, la ministra ha defendido la acción política para garantizar la sostenibilidad de ciudades y pueblos, otorgando el “protagonismo a valores tan esenciales como la convivencia”. Donde ha puesto en valor la rehabilitación, en línea con la nueva directiva europea relativa a la eficiencia energética de los edificios destacando que España rehabilita 1,3 millones de viviendas dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. También ha defendido la necesidad de “preservar la convivencia” porque “la ausencia de regulación de los alquileres turísticos no solo tiene efectos en el acceso a la vivienda, también está alterando la identidad de los barrios barrio y el papel protagonista de sus vecinos”.
“No vamos a parar y haremos lo que sea necesario para conseguirlo”
Así ha resumido Isabel Rodríguez los principales hitos de gestión de su Departamento. Aspectos que “llevan muchas horas de trabajo, implicación de equipos técnicos, colaboradores, organizaciones sociales y de expertos” que han ayudado en su desarrollo.
La ministra ha destacado la declaración de 271 municipios de Catalunya como zonas de mercado tensionado y la publicación del índice de precios de referencia; la ampliación de la moratoria de desahucios para personas vulnerables; la aprobación por unanimidad por parte del Congreso de los Diputados la paralización de los lanzamientos hipotecarios hasta el año 2028; la tramitación parlamentaria de la supresión de las Golden Visa y la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para “empoderar a los vecinos y puedan prohibir la instalación de alojamientos turísticos” en sus comunidades de propietarios.
Por otro lado, ha destacado el reciente Reglamento para “evitar el fraude en los alquileres de corta duración”, que se encuentra en tramitación en el seno del Ejecutivo, la firma de 500 convenios con CCAA y ayuntamientos para la construcción de 25.000 viviendas en alquiler asequible, a través del Plan de Recuperación.
Además, la firma con 65 entidades financieras para que jóvenes y familias con menores a cargo “pueden acceder a una hipoteca avalada por el Gobierno de España” a través del ICO y que cuenta con una financiación de 2.500 millones de euros. Además, a través de este organismo, el Ejecutivo también ha movilizado 6.000 millones de euros en dos líneas de préstamos y de avales, para promover más de 40.000 viviendas sostenibles de alquiler asequible. En este sentido, Rodríguez ha destacado ante la Cámara que “para que vean la dimensión de estos datos: en 35 años el ICO ha contribuido a la construcción de 20.000 viviendas. En solo tres meses desde que se activó ese instrumento ya hay solicitudes que superan las 20.000 y 8 operaciones listas para la construcción de cerca de 700 viviendas”.
Por último, la ministra ha celebrado los acuerdos que han permitido el desbloqueo para la urbanización del Nuevo Barrio Campamento, que permitirá a “25.000 personas tener acceso a hogares 100% asequibles, promovidos directamente por el Gobierno”. “Un ejemplo de iniciativa pública de vivienda donde el vecindario es protagonista del diseño de su barrio. Y como Campamento, 29 nuevos barrios y vecindarios más en ciudades como Málaga, Sevilla o Ibiza, se están promoviendo desde SEPES”, concluyó.
Acción de Gobierno en los primeros once meses de Legislatura
La ministra ha resumido parte de su acción de Gobierno en los primeros once meses de Legislatura que ha recogido en cinco grandes categorías: refuerzo sin precedentes de los recursos económicos, regulación, fiscalidad, movilización de suelos públicos y protección de parque y colaboración, diálogo e interlocución con todo tipo de actores.
En primer lugar, la ministra ha defendido que el Gobierno ha desplegado 20.400 millones de euros para políticas de vivienda, que supone un “refuerzo sin precedentes de los recursos económicos y de la financiación” destinada a las políticas de vivienda. “España es el país que más y mejor está gestionando los fondos europeos destinados a políticas de vivienda”, destacó Isabel Rodríguez.
En segundo lugar, ha defendido la regulación a través del desarrollo de la Ley de Vivienda e incluyendo los alojamientos turísticos y de temporada. Además, ha hecho referencia a la fiscalidad, destacando las bonificaciones fiscales de hasta el 90% en los ingresos por arrendamientos si se reducen un 5% los precios del alquiler en zonas de mercado tensionado declaradas. A ellas, se unen las deducciones por rehabilitación de vivienda, de las que ya se han sumado más de 300 millones de euros en los tres últimos ejercicios, lo que supone una media de 1.900 € de deducción por cada declaración presentada.
Isabel Rodríguez ha defendido en la Cámara Baja la movilización del suelo público, respetando las consideraciones del TC y “dando prioridad de suelo público para viviendas asequibles e incluso el uso de los dotacionales”; y la “protección de esos parques” de vivienda públicos, “para que los derechos de superficie siempre reviertan de nuevo a las administraciones públicas”.
Por último, la ministra ha defendido las líneas de colaboración, diálogo e interlocución del Ministerio, que ha celebrado “tantas Conferencias Sectoriales como en dos legislaturas del PP”, ha mantenido reuniones bilaterales con las comunidades autónomas, ha firmado “centenares” de convenios, ha atendido a los grupos parlamentarios, ha mantenido reuniones con colectivos y asociaciones, entre otros que ha detallado Isabel Rodríguez desde la Tribuna para “atender a quienes sufren y compartir la acción con quienes tienen que ser parte de la solución”.
Diagnóstico ampliamente compartido
“Todos en este cámara somos conocedores de la situación de la vivienda, que no es exclusiva de nuestro país”, ha destacado Isabel Rodríguez. En este sentido, la ministra ha dicho que “el acceso a la vivienda se ha convertido en una crisis de alcance global, con consecuencias que alimentan la brecha de la desigualdad”.
Entre diversos estudios, Isabel Rodríguez ha subrayado el último informe del Banco de España que indica que el 45% de la población que reside en vivienda de alquiler a precio de mercado se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, del que ha dicho que “ellos han de ser nuestra prioridad. Revertir esta situación es objetivo prioritario del Gobierno de España”.
Rodríguez ha dicho que “no se puede mirar al pasado con los ojos del presente, pero sí aprender de él”. Y, en este sentido, se ha referido a la “construcción de Vivienda de Protección Oficial en régimen de propiedad, que de alguna manera fue un ascensor económico y social para muchas familias españolas” en el pasado. “No fue un fracaso”, afirmó, en especial para esos “millones de personas que pudieron acceder a una vivienda digna a un precio asequible”. “Hay otra cara de esa moneda y es que la descalificación de la protección de aquellas viviendas hace que hoy no podamos contar con ese parque, con aquellos recursos que fueron sufragados por todos”, lamentó Isabel Rodríguez.
Por ello, la ministra considera que “hoy somos una gran mayoría -y los que aún no forman parte de ella, terminarán por aceptarlo-, los que entendemos que es necesario blindar el parque de vivienda, los suelos públicos y los esfuerzos que estamos haciendo para que siempre sirvan al interés general”. “Porque si reconocemos lo que no funcionó, podremos evitar los mismos errores”, concluyó.
La ministra también ha hecho referencia a la burbuja inmobiliaria, a la política crediticia y a la ausencia de construcción de vivienda protegida de la última década. También se ha detenido en el crecimiento demográfico de España, “que ha incrementado la demanda por encima de la oferta, derivando en un aumento sostenido del precio en la compra y el alquiler, que no afecta por igual a todo el territorio nacional, siendo especialmente intenso en las grandes áreas urbanas y en las zonas turísticas”.
Entre otros asuntos, Isabel Rodríguez ha afirmado con contundencia que “el Gobierno es sensible a esa realidad. Absoluta comprensión. Desde que asumí la responsabilidad de esta cartera he calificado la situación de emergencia social. Estamos ante situaciones dramáticas que conocemos bien a las que estamos tratando de dar respuesta con absoluta determinación”.
