El director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, ha señalado que el Gobierno, con los cambios normativos que está realizando, está «abriendo la puerta a la ocupación de viviendas vacías» de grandes tenedores de vivienda, personas físicas o jurídicas, al quitar la figura del delito, como puede ser el de usurpación, para que un juez pueda suspender el lanzamiento, según ha señalado en un comunicado.
Zurdo ha explicado que entiende que los cambios normativos sobre el anterior decreto, introducidos de una forma «poco ortodoxa» en el contexto de otro que aborda una temática ajena a la vivienda, «detallan los casos que hablan de intimidación o violencia».
Así, asegura que un juez puede suspender un desahucio en el supuesto en el que, por ejemplo, se produzca un delito de usurpación, la vivienda se encuentre vacía, sea propiedad de un gran tenedor de vivienda y que los ocupantes cumplan los requisitos de vulnerabilidad que establece el real decreto para suspender los desahucios y lanzamientos arrendaticios en el caso de personas vulnerables sin alternativa habitacional.
Zurdo se cuestiona por qué ha hecho este cambio «tan sutil» el Gobierno, «a no ser que lo que pretenda es que los jueces puedan suspender los desahucios cometidos en casos de delitos de usurpación sin haber habido violencia o intimidación».
Desde su punto de vista, este cambio puede ser una llamada a la ocupación de viviendas de un determinado perfil de ocupantes y que cumplan «con unas determinadas características».
«Posiblemente se trate un adelanto o advertencia sobre las intenciones de una parte del Gobierno de expropiar las viviendas vacías», ha añadido.
