EFE. Madrid. 24/06/2013
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha asegurado hoy que la Junta de Andalucía «seguirá desplegando todas las facultades» del Decreto sobre la Función Social de la Vivienda pese a que la Comisión Europea considere que puede afectar negativamente a la estabilidad bancaria.
Cortés se ha pronunciado así tras conocerse hoy la existencia de una carta enviada por la Comisión Europea al Ministerio de Economía, en la que no se descarta que aumenten las dudas sobre el mercado inmobiliario español, lo que provocaría subidas en la prima de riesgo y una reducción del interés de inversores extranjeros por activos inmobiliarios españoles.
«Dados los antecedentes con el episodio de la anterior supuesta carta de la Comisión, que al final nadie aclaró, lo prudente es guardar distancia y esperar a comprobar qué grado de oficialidad tiene», ha señalado Cortés en declaraciones a los periodistas en un acto en Écija (Sevilla).
La consejera ha recalcado que el decreto, que actualmente tramita como ley el Parlamento, fue aprobado «en el marco de las competencias del Gobierno andaluz y bajo el paraguas jurídico de la Constitución», y es plenamente efectivo desde el pasado 12 de abril.
Cortés ha explicado que en virtud de dicho decreto se ha iniciado la inspección para localizar viviendas vacías, con el objetivo de estimular su salida en alquiler asequible, y se han abierto siete expedientes de expropiación del uso de la vivienda para evitar desahucios de familias que, «de perder sus casas, quedarían en situación de exclusión social».
«Seguiremos desplegando todas las facultades de un decreto que da cumplimiento al programa electoral de IU y al pacto de gobierno de Andalucía», ha indicado Cortés.
La CE, según la citada carta, cree que se puede producir una «caída en el valor de los activos inmobiliarios» que tendrá una repercusión inmediata en los balances de las entidades financieras, así como en el volumen de provisiones a las que tendrían que hacer frente, lo que a su vez afectaría negativamente a la reanudación de los flujos de crédito a particulares y empresas.
En la carta se advierte sobre la pérdida de seguridad jurídica para las entidades propietarias de los inmuebles, lo que afectaría al conjunto del sector financiero y de la economía.
El documento señala que la legislación aprobada por la Junta de Andalucía «va más allá» de la necesaria protección de las familias más vulnerables y no puede convivir con los requisitos para preservar la estabilidad financiera.
