Poco más de un mes ha tardado la Ley de Vivienda en provocar efectos indeseados, y lo ha hecho nada más y nada menos en su principal caballo de batalla: el control de precios. “Si se confirman los datos adelantados del IPC de junio, que lo sitúa en el 1,9%, la Ley de Vivienda va a provocar que la actualización de las rentas de alquiler se realice por encima de la inflación, un alza de precios que va a perjudicar a los inquilinos”, alerta José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA)
“Este efecto indeseado, si el IPC sigue bajando, iría en aumento y cada vez perjudicaría a mayor número de arrendatarios, sobre todo a los que tengan que actualizar sus rentas en este año y en el 2023, porque en caso de falta de un nuevo acuerdo con sus arrendadores, las rentas tendrían que actualizarse con el IGC que actualmente está topado con el 2%, y por tanto por encima del IPC”, comenta Zurdo.
“Es probable, si todo sigue así, y se confirma la tendencia de desaceleración de la inflación, que en lo que queda de año y en el 2023, el IPC pueda situarse muy por debajo del 2% y las rentas de los arrendamientos, si no hay un nuevo acuerdo entre las partes, tengan que actualizarse con el 2% y el 3%, que son los índices de actualización que contempla la nueva Ley de vivienda, para esos periodos de tiempo”.
“Cuando se ha constatado, señala Zurdo, un desajuste entre el mercado y la intervención política sobre las rentas de alquiler, como ya adelantamos desde ANA que esta situación se podía producir, han salido distintas fuentes, tambien gubernamentales, para decir que ahora hay que “saltarse” la norma y hacer caso al IPC. La Ley es clara y no hay debate jurídico al respecto, y en 2023 las rentas de alquiler se deben actualizar con el máximo del 2% y el 3% en 2024, más allá de lo que marque el IPC.”
