Es una ley que genera muchas dudas y tanto Ferrán Font, director de Estudios del portal inmobiliario pisos.com, como Arantxa Goenaga, abogada y socia de Círculo legal, tienen claro que va a acarrear numerosos problemas prácticos y legales por la “deficiente técnica jurídica y de redacción”. Lo tienen claro: generará inestabilidad. Una normativa que ha prescindido de los expertos y profesiones del sector “a los que no se ha dado voz”. Cuestión que se refleja en que esta ley nace con el mercado posicionado en contra, en especial, en materia de alquiler.
El director de Estudios del portal inmobiliario pisos.com, Ferran Font, ha expresado las “numerosas dudas” en torno a las que nace esta nueva norma y ha asegurado que este tipo de medidas afectan a una inversión inmobiliaria que acostumbra a retrasarse en escenarios de incertidumbre como el actual. Por su parte, la abogada y socia de Círculo legal, Arantxa Goenaga, ha denunciado una “falta de consideración total” hacia el propietario.
“Van a provocar que los inversores que podían venir a España, al contar ésta con un mercado inmobiliario muy atractivo, se marchen. Las personas alquilan buscando rentabilidad, y si esta se disminuye, acabarán poniendo su propiedad en venta o dejándola cerrada”, ha explicado.
Limitar los precios de la vivienda
En este sentido, desde pisos.com han recordado que, históricamente, los resultados de la aplicación de limitaciones de renta de alquiler no sólo no limitan las rentas, sino la “oferta disponible y, con ello, provocan un aumento de los precios”. Del mismo modo, Font ha señalado la heterogeneidad a nivel territorial que tendrá la norma, al haber anunciado diferentes formaciones políticas la no aplicación de la ley en las comunidades autónomas donde gobiernan: “con las elecciones a la vuelta de la esquina, se ha acabado imponiendo una política de vivienda partidista y cortoplacista, imponiéndose así las agendas políticas a las necesidades reales del sector”.
La emancipación de los jóvenes
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las grandes ciudades es el acceso a la vivienda de la población joven. Así, tal y como recoge el Consejo de la Juventud de España (CJE) en su Observatorio de Emancipación, tan solo el 15,9% de los jóvenes viven emancipados de su familia.
“El motivo principal es la subida de precios del alquiler, que, en abril de este año, según nuestro último informe, registró una subida del 1,13% respecto a marzo y del 5,51% en términos interanuales”, comenta Font. Estos incrementos, en el caso de Barcelona, por ejemplo, son mayores: “si en Barcelona se deben invertir 1.696 euros al mes para alquilar un piso de 80 metros cuadrados, en otras 40 capitales de provincia esta cuantía es suficiente para pagar la renta de dos inmuebles”.
De este modo, los españoles retrasan cada vez más su emancipación, hasta el punto de que la opción de compartir piso, hasta hace poco limitada a estudiantes y jóvenes trabajadores, es cada vez más “popular” entre inquilinos por encima de los 30 años con dificultades económicas.
Es una ley que no se sustenta en datos, señala Font. Desconocemos cuántos se pueden beneficiar de las ayudas o de qué precios de alquiler hablamos. Sabemos que quieren construir vivienda, pero no quién lo va a hacer en un momento en el que las constructoras se quejan de falta de obra. Y esta carencia de datos hace que confiar en esta ley y su efectividad sea “un acto de fé”.
Advierten además de otros riesgos que genera, como el fraude de ley en alquileres que, en lugar de salir al mercado como vivienda habitual, se arrentan como alquiler de temporada. Que no contempla cómo puede afectar a los nuevos contratos de viviendas con alquileres de renta antigua o que no mencione el alquiler por habitaciones, entre otras cuestiones.
“La ley nos va a traer muchos quebraderos de cabeza. Vamos a tener mucha letigiosidad”, asegura la abogada.
Más burocracia en cuestión de ocupación
En lo que respecta a otro de los grandes problemas del mercado, la okupación, Goenaga ha revelado que la carga burocrática a la que deberán enfrentarse los propietarios, en especial los que tengan la consideración de grandes tenedores, en casos de ocupación de sus inmuebles será mayor, desincentivando así su participación en el mercado del alquiler: “aunque hablemos de grandes tenedores, carece de sentido que sean ellos los que tengan que pedir autorización a los okupantes para que se determine si está o no en situación vulnerable y el tiempo que deberá transcurrir hasta que puedan interponer el correspondiente procedimiento judicial”.
En su opinión, la ley traslada al particular la responsabilidad de la administración de generar un parque de vivienda social para las personas vulnerables.
Respecto a que sea el propietario el que pague a la inmobiliaria por el servicio, desde Círculo Legal advierten de los riesgos. Por un lado, que se evite al profesional para evitar el coste, se recurra a modelos de contrato desfasados que encuentren por Internet, o al contrato de temporada para sortear la ley, incurriendo en un fraude.
Por todo esto, el director de Estudios de pisos.com cataloga la nueva Ley de Vivienda de “oportunidad perdida”, al haber salido adelante un texto “con más titulares que soluciones reales”.
