Las administraciones públicas disponen de más de 2.150 millones de euros hasta 2026 para rehabilitar los edificios de titularidad estatal, autonómica y local. Esta inversión, que proviene de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pretende que las administraciones se sumen a esa aceleración hacia la transición ecológica del sector de la edificación que, tal y como se recoge en la hoja de ruta del proyecto Building Life, haga compatible nuestra economía con los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero a 2030 y 2050.
“Estas ayudas son una oportunidad única para que las administraciones públicas demuestren, a través de sus edificaciones, que la transformación hacia una sociedad descarbonizada es posible y beneficiosa para todos”, asegura Dolores Huerta, directora general de Green Building Council España (GBCe). El reto es mayúsculo, ya que el sector de la edificación es responsable a nivel estatal del 30,1% del consumo de energía final y del 25,1% de las emisiones, que provienen principalmente de la fabricación de productos, la puesta en obra, la fase de uso y la demolición. Además, cuatro de cada cinco edificios en España son ineficientes energéticamente, lo que representa un 82% del total del parque edificado, tal y como recoge en el Informe País de GBCe —GBCe Country Report, en su versión en inglés—.
En este contexto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha definido el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), dotado con 1.080 millones de euros, destinado a financiar actuaciones en edificios de titularidad autonómica y local. “El Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el segundo con mayor dotación económica, pretende impulsar actuaciones de rehabilitación y mejora en el ámbito de la energía y sostenibilidad del parque edificado”, destaca Huerta.
Reparto por regiones
La partida para la rehabilitación del parque público autonómico, que es de 480 millones de euros, se ha repartido por comunidades y ciudades autónomas en proporción a la población referida a 1 de enero de 2020. De este modo, Andalucía es la región que más fondos recibe (85,62 millones de euros, el 17,84%); seguida de Cataluña (78,70 millones, el 16,40%); de la Comunidad de Madrid (68,58 millones, el 14,29%); de la Comunidad Valenciana (51,15 millones, el 10,66%); de Galicia (27,33 millones, el 5,59%); Castilla y León (24,22 millones, el 5,05%); País Vasco (22,46 millones, el 4,86%); Canarias (22,01 millones, el 4,59%) y de Castilla-La Mancha (20,68 millones, el 4,31%).
Las regiones que menos porcentaje de ayudas perciben son las ciudades autónomas Ceuta y Melilla (849,60 mil y 883,20 mil euros respectivamente, el 0,18%); La Rioja (3,23 millones, un 0,67%); Cantabria (5,89 millones, el 1,23%); Navarra (6,68 millones, el 1,39%); Asturias (10,30 millones, el 2,15%); Extremadura (10,76 millones, el 2,24%); Baleares (11,85 millones, el 2,47%); Aragón (13,44 millones, el 2,80%) y Murcia (15,28 millones, el 3,19%).
Ahorro de energía de un 30%
Por su parte, las entidades locales se distribuirán los 600 millones de euros restantes de este PIREP para la rehabilitación de su parque edificado a través de subvenciones en concurrencia competitiva. “El plan está dirigido a actuaciones de rehabilitación sostenible de edificios de uso público que permitan ahorrar al menos un 30% en el consumo de energía no renovable”, explica la directora general de GBCe, entidad que ha colaborado en la elaboración de la Guía para la solicitud de ayudas del PIREP por parte de las entidades locales. Además, se debe garantizar la recepción de la obra antes de septiembre de 2024.
Así mismo, la Componente 11 recoge en su capítulo cuarto de inversiones un Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado, dotado con 1.070,7 millones de euros. “El objetivo es la rehabilitación integral, con un foco especial en la eficiencia energética y el uso de energías renovables en los edificios e infraestructuras del ámbito de la Administración central, de sus organismos y de sus entidades públicas”, matiza Huerta. Los proyectos deberán conseguir un ahorro mínimo de energía primaria del 30% mediante la realización de medidas de mejora de la eficiencia energética y la utilización de energías renovables.
Objetivo: descarbonización
“Mejorar la eficiencia energética de los edificios es fundamental para poder reducir a la mitad las emisiones globales en 2030 y para alcanzar la neutralidad total para 2050”, afirma Borja Izaola, coordinador del proyecto europeo LIFE Level(s), que acaba de publicar un Manual de buenas prácticas de contratación pública ecológica dirigido a las administraciones públicas. Este objetivo de la descarbonización, básico para limitar el calentamiento global a menos de 1,5 ºC, está alineado con el marco Level(s) — conjunto de indicadores de la UE que abordan el comportamiento de los edificios durante todo su ciclo de vida— y con la Taxonomía Europea —clasificación que fija los criterios para determinar si una actividad económica se puede considerar sostenible—.
“Gracias a Level(s), los agentes del sector de la edificación disponen de una herramienta que les permitirá medir y mejorar los criterios de sostenibilidad desde la fase de diseño hasta el final de la vida útil de los edificios, tanto en nueva construcción como en rehabilitación”, sostiene Izaola. Algunos indicadores clave de este marco Level(s) son el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), el Análisis del Coste de Ciclo de Vida (CCV) y la Calidad del Aire Interior (CAI).
