Las regiones españolas con el porcentaje más alto de edificios muy poco eficientes en su parque edificado son el País Vasco (86,52%); Canarias (85,48%); Baleares (84,89%); Murcia (83,84%); Valencia (83,08%) y Cantabria (82,25%), según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Este dato engloba los edificios con una Certificación de Eficiencia Energética (CEE) con una calificación E, F y G, que son las menos eficientes.
El porcentaje de edificios con la peor calificación posible en estas seis comunidades autónomas se sitúa por encima de la media nacional, que es del 82%. Esto significa que ocho de cada diez edificios en España cuentan con una calificación E, F y G, o lo que es lo mismo, consumen más recursos de los necesarios para alcanzar unos niveles óptimos de servicio y confort.
Por su parte, las comunidades autónomas con un menor porcentaje de edificios con calificación E, F y G son Navarra (72,64%); Castilla y León (76,09%); La Rioja (76,43%); Madrid (77,15%); Galicia (78,66%) y Andalucía (78,68%).
En el extremo opuesto, las comunidades autónomas con el mayor porcentaje de edificios con la máxima calificación —letra A— en su CEE son Canarias (1,27%); Castilla y León (1,21%); Asturias (0,59%); La Rioja (0,49%); Galicia (0,47%); Baleares (0,33%) y Navarra (0,31%). Estas siete regiones se sitúan por encima de la media nacional, que es del 0,29% del total.
Por contra, Murcia (0,05%); Valencia (0,13%); Extremadura (0,14%) o País Vasco (0,17%) son las autonomías que cuentan con un menor porcentaje de edificios con una calificación A de emisiones. “De los más de 4,5 millones de edificios que hay con CEE en España, apenas 13.000 cuentan con una letra A o certificación energética de máxima eficiencia”, destaca Yolanda del Rey, responsable de Certificación de VERDE de Green Building Council España (GBCe).
Envejecido e ineficiente
La CEE evalúa la eficiencia de un edificio, analizando sus emisiones de CO2 y su consumo energético, en una escala que va de la A —calificación más eficiente— a la G —la menos eficiente—. Desde el 1 de junio de 2013 es obligatorio poner este documento a disposición de los compradores o usuarios de los edificios: “Aunque queda mucho camino por recorrer, la exigencia de una CEE para todas las viviendas que se pongan en el mercado, en venta o alquiler está ayudando a que los ciudadanos seamos conscientes de la importancia de la eficiencia energética”, afirma Dolores Huerta, directora general de GBCe.
En la actualidad, la mitad del parque edificado español se construyó antes de 1980 sin normativa de eficiencia alguna. De hecho, el sector de la edificación es responsable en España del 30,1% del consumo de energía final y del 25,1% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, tal y como se recoge en la Hoja de ruta del proyecto Building Life: “Las CEE nos demuestran que el envejecido parque edificado español es muy poco eficiente y que es imprescindible aplicar herramientas tan eficaces como las rehabilitaciones en profundidad para mejorar su comportamiento energético”, explica Huerta.
En este sentido, España necesita llegar hasta los 10 millones de rehabilitaciones de viviendas principales en las próximas tres décadas para cumplir su compromiso de cero emisiones de carbono para 2050, según la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESSE). Para lograr este objetivo, es necesaria una inversión anual de 7.500 millones de euros: “Para alcanzar y mantener el altísimo ritmo de inversión en rehabilitación, necesario para lograr la urgente descarbonización del sector de la edificación, los fondos públicos europeos son un elemento fundamental”, resalta Huerta.
Por este motivo, el Gobierno de España ha destinado 6.820 millones de euros hasta 2023 —procedentes de los Fondos Next Generation de la UE— para la regeneración urbana y la rehabilitación de viviendas. El requisito principal para acceder a estas ayudas es demostrar que las inversiones en edificación son sostenibles: “Bruselas ha establecido una Taxonomía Europea, un reglamento que establece una clasificación, que fija los criterios para determinar si una actividad económica se puede considerar sostenible”, añade Borja Izaola, coordinador del proyecto LIFE Levels.
“Una actividad es ambientalmente sostenible cuando aporta de forma significativa en al menos uno de los seis objetivos perseguidos y no perjudica a los otros cinco”, explica Julia Manzano, experta de GBCe y una de las impulsoras del estudio EU Taxonomy Study: Evaluating the market-readiness of the EU taxonomy criteria for buildings. Esa media docena de factores son la mitigación del cambio climático; la adaptación al cambio climático; el agua; la economía circular; la contaminación y los ecosistemas.
