Con motivo del segundo aniversario de la entrada en vigor de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, la Agencia Negociadora del Alquiler quiere hacer balance de los efectos que esta normativa ha tenido sobre el mercado del alquiler en España.
Según José Ramón Zurdo, CEO de la Agencia, la aplicación de esta ley ha tenido un impacto negativo tanto en arrendadores como en arrendatarios. “Se ha destruido una parte muy importante de la oferta de viviendas en alquiler, lo que ha elevado los precios y ha dificultado enormemente el acceso de los inquilinos a una vivienda digna. Esta Ley ha perjudicado enormemente a aquellos a los que pretendía favorecer, que eran los inquilinos, los cuales se han visto sometidos a auténticos procesos de selección, que muchos, sobre todo los más vulnerables, no logran superar”, ha señalado Zurdo.
Desde la entrada en vigor de la ley se ha incrementado la inseguridad jurídica para los propietarios, se han alargado los procedimientos de desahucio –alcanzando en algunos casos hasta dos años de duración– y no se ha resuelto el problema de la ocupación ilegal de viviendas, ni la conocida como “inquiocupación”, sino que, según afirma la Agencia, se ha agravado.
En respuesta a este clima de inseguridad, la Agencia Negociadora del Alquiler ha empezado a ofrecer gratuitamente la instalación de sistemas de alarma a los propietarios durante los procesos de comercialización de sus inmuebles, con el fin de prevenir ocupaciones y tranquilizar a los dueños.
Otro de los efectos negativos señalados es el incremento general de la carga fiscal sobre los arrendadores, debido a la reducción de las deducciones fiscales del 60% al 50%, lo que supone un aumento efectivo de la tributación en 10 puntos porcentuales.
“Lo más preocupante”, afirma Zurdo, “es que el legislador sigue sin entender que el problema del mercado del alquiler no está en aumentar la burbuja de la demanda, sino en aumentar una oferta, que se ha reducido significativamente debido a la inseguridad generada por la normativa actual. Atacar al arrendador con regulaciones que le perjudican solo contribuye a su retirada del mercado”. Como consecuencia, muchos propietarios están optando por modalidades más flexibles y menos reguladas-como los distintos tipos de coliving que están surgiendo, alquileres flexibles, alquileres por temporadas y alquileres habitaciones, -huyendo del alquiler tradicional.
Conclusión: La Ley por el Derecho a la Vivienda ha dado lugar a una nueva figura hasta ahora inexistente en el mercado del alquiler: la del arrendador vulnerable. Se trata, en muchos casos, de personas mayores, pensionistas o residentes en centros geriátricos, que dependen de las rentas del alquiler para complementar sus ingresos. Estos propietarios carecen de la capacidad económica necesaria para asumir impagos prolongados y destrozos en su viviendas, y tampoco pueden permitirse esperar hasta dos años para recuperar la posesión de sus viviendas, como puede ocurrir con la actual normativa. Esta situación plantea un nuevo desalojo social y jurídico que requiere atención urgente.
