Valencia. 17/03/2016
Alquiler Seguro considera «un grave error que la Generalitat Valenciana castigue con sanciones y expropiaciones al mercado como única medida para crear políticas sociales de viviendas», así lo expresó el Director Comercial de Alquiler Seguro, David Caraballo ante la aprobación del anteproyecto de ley por la «Función social de la vivienda», aprobado por el Gobierno Valenciano y que prevé multar con hasta 30.000 euros, e incluso podría expropiar, a las entidades bancarias y grandes propietarios que no pongan a disposición de la Generalitat las viviendas vacías que tengan en la Comunidad.
«Las más de 500.000 viviendas vacías existentes en la Comunidad Valenciana, subraya David Caraballo, es tanto consecuencia de las dificultades que siguen existiendo en el mercado de compra venta, fruto de la crisis, como una prueba más de la falta de protección y seguridad en el mercado del alquiler, donde los propietarios no ponen en rentabilidad sus inmuebles y prefieren mantenerlos cerrados en perjuicio de la oferta».
«Las viviendas de entidades bancarias o grandes tenedores de viviendas que se quieren expropiar, son fruto de la especulación inmobiliaria, es decir, viviendas que se construyeron con fin especulativo y no para vivir, por lo tanto su expropiación no servirá para nada, porque esas viviendas no son idóneas para ser habitadas o están en lugares sin demanda», explicó David Caraballo, Director Comercial de Alquiler Seguro.
Entre las medidas anunciadas, está la posibilidad de sufragar a propietarios particulares seguros para poner sus viviendas en alquiler, para David Caraballo, «esto supone volver a la experiencia fracasada de la Sociedad Pública de Alquiler, del extinto Ministerio de la Vivienda, que supuso un fracaso absoluto, con una deuda de más de 25 millones de euros»
Para el Director Comercial de Alquiler Seguro, «la solución nunca puede pasar por medidas sancionadoras y menos expropiatorias, más propio de regímenes autoritarios, sino que es necesario que desde las administraciones se ofrezcan a los propietarios un sistema ágil y eficiente de protección jurídica, lo cual no ocurre en estos momentos, a la par de incentivos fiscales realmente atractivos tanto para inquilinos como para propietarios, que derivará en un aumento de la oferta de viviendas en alquiler».
Para David Caraballo, «la Generalitat Valenciana confunde política de viviendas con política social de viviendas y ante la ausencia de ésta última, deciden castigar al mercado como único recurso, en vez de poner en marcha, por ejemplo, «Viveros de Familia» para un primer acceso a la vivienda bajo un alquiler social, en un período transitorio, para los que no pueden acceder en igualdad de condiciones al mercado libre de vivienda».
