El Gobierno de España ha anunciado recientemente un conjunto de doce medidas orientadas a fortalecer el derecho a una vivienda asequible, entre las que se incluyen la transferencia de miles de viviendas a la Empresa Pública de Vivienda, incentivos fiscales para alquileres asequibles y una reforma del régimen de Socimis. Sin embargo, este paquete de medidas no ha evitado encender el debate, ni las críticas de expertos del sector.
Arantxa Goenaga, socia del despacho AF Legis, subraya: “Aunque el Gobierno intente legislar con urgencia para resolver esta problemática, la realidad es que las políticas anunciadas tensan más el mercado. Se generan dudas entre los propietarios, quienes dejan de percibir el alquiler como una opción segura y rentable”. Según Goenaga, las limitaciones en las rentas o las imposiciones fiscales son factores que disuaden a los propietarios de participar en el mercado de alquiler, lo que inevitablemente reduce la oferta.
Medidas bien intencionadas, pero insuficientes
Entre las medidas anunciadas, destaca la creación de un sistema de garantías públicas para propietarios e inquilinos, inspirado en el modelo francés. Sin embargo, Goenaga señala que “aunque estas iniciativas son positivas en teoría, en la práctica enfrentan desafíos en su implementación y supervisión, lo que podría restarles eficacia real”. Este contexto se agrava con la reciente suspensión del Real Decreto que prorrogaba la moratoria de desahucios y lanzamientos de personas vulnerables.
“Es evidente que el Parlamento debe ser el encargado de legislar medidas que llevan años en vigor. La tutela judicial efectiva no puede quedar suspendida indefinidamente, y este tipo de situaciones generan más inseguridad jurídica para propietarios e inquilinos”, afirma la abogada.
Un mercado inmobiliario cada vez más fragmentado
El sector también se encuentra en un punto crítico debido a la incertidumbre política y la falta de consenso entre partidos. “Lo sucedido demuestra que los intereses políticos están por encima de buscar soluciones reales para la vivienda. Las medidas deben estar diseñadas para incrementar la oferta de vivienda asequible y no para introducir más restricciones que dificulten aún más el acceso”, argumenta Goenaga.
Por otro lado, aunque medidas como la rehabilitación de viviendas vacías o el PERTE para la construcción modular buscan incrementar la oferta, Goenaga recalca: “El verdadero impacto de estas acciones dependerá de su ejecución y del presupuesto asignado. Sin una implementación clara y efectiva, solo quedarán como un anuncio más”.
Impacto directo sobre el mercado
La reciente amenaza de una huelga de alquileres ha intensificado aún más las tensiones en el sector. “Si los arrendatarios deciden dejar de pagar las rentas, los propietarios estarán en su derecho de resolver los contratos e interponer procedimientos judiciales, lo que podría provocar un colapso en los juzgados”, advierte Goenaga. Según su análisis, el efecto contrario al buscado será el más evidente: “Habrá menos oferta de vivienda, será más difícil alquilar y los precios seguirán subiendo«.
