El Tribunal Constitucional de Alemania ha declarado inconstitucional la Ley que regulaba los alquileres en Berlín fijando límites a los precios y que llevaba poco más de un año en vigor, al entender que el länder de Berlin no tiene competencias para establecer estas regulaciones. Las similitudes con la Ley de regulación del alquiler catalana hacen que surja la pregunta de si puede ocurrir lo mismo en Cataluña y el Tribunal Constitucional resuelva que la Generalitat no tiene competencias para marcar los precios del alquiler.
“La Ley catalana sobre la limitación de los precios en arrendamientos urbanos también se ha puesto en cuestión desde un punto de vista competencial”, explica David Viladecans Jiménez, director del Área Jurídica de Tecnotramit. En este sentido, el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite a principios de este año un recurso que presentó el Partido Popular contra esta Ley, que entiende que afecta a las bases de la contratación y la libertad de los precios, competencias que la Constitución da al Estado.
“En España, por lo tanto, se puede generar una situación similar a la de Alemania”, asegura David Viladecans Jiménez. En Alemania se ha producido un conflicto de competencias entre el länder de Berlín (entidad territorial similar a las Comunidades Autónomas en la que se divide el Estado federal alemán) y el Estado.
Futuro de la norma
“El Gobierno del Estado no ha impugnado la norma, así que mientras el Tribunal Constitucional resuelve el recurso, se aplicará en Cataluña”, explica el experto. En caso de que el órgano judicial falle que la norma es inconstitucional, tendrá que aclarar también si la anulación tiene efectos ex tunc o ex nunc, esto es, si tiene efectos retroactivos o no.
«Si se acuerda una nulidad con efectos retroactivos, se puede generar un caos de reclamaciones y litigios, que se hubiera evitado si el Gobierno hubiera impugnado la norma y la misma se hubiese suspendido”, opina David Viladecans Jiménez, quien considera que con la suspensión de la norma “se evita que se pueda generar este caos”.
Por otro lado, si se declarara inconstitucional la norma, no se eliminaría la posibilidad de que en el futuro se establezcan nuevas limitaciones al alquiler. “Eso depende de los responsables políticos, tanto autonómicos como estatales”, asegura David Viladecans Jiménez, quien considera que “no cabe descartarlas, dado que están actuando más por intereses partidistas y de coyuntura política que por estar guiados por una política diseñada con un objetivo a medio plazo para impulsar el alquiler como una alternativa habitacional real.”
En opinión del experto, de darse nuevas limitaciones a los precios del alquiler, “se generarán nuevos conflictos” y tendrán como perjudicados “a los propietarios y arrendatarios en primera instancia, y el sector, en segunda instancia.”
