El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, en el que se incluye una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, que impide subidas superiores al 2%.
La limitación atiende a la necesidad de que la evolución experimentada por el IPC, en el contexto de las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, no se traslade al precio del alquiler de vivienda.
A través de esta medida, la persona arrendataria de un contrato de alquiler de vivienda habitual cuya renta deba ser actualizada porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia de dicho contrato, desde la entrada en vigor del real decreto-ley hasta el 30 de junio de 2022, podrá negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta, estableciéndose que, en ausencia de pacto, la renta del contrato no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), un índice situado actualmente en el 2% y que no puede superar ese porcentaje de acuerdo con su definición.
Además, se establece que en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor, el pacto a alcanzar entre propietario e inquilino no podrá suponer un incremento superior a la variación anual del IGC, a fecha de dicha actualización, entendiéndose como gran tenedor aquella persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros.
Según el ministerio, se trata de una medida de carácter urgente, necesaria para responder a la a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania en el ámbito de la vivienda, que se suma a las medidas de carácter estructural que se están llevando a cabo en materia de vivienda, encaminadas a hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna adecuada. Entre ellas, se puede citar:
Los profesionales del sector, críticos con la medida
La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ha valorado como «escasa» y «tardía» la limitación al precio del alquiler propuesta por el Gobierno. «Ya dijimos hace tiempo que el Gobierno debía enfatizar más su esfuerzo no tanto en limitar el precio de los alquileres, sino en controlar más la inflación e incentivar la oferta«, ha expresado el director general de ANA, José Ramón Zurdo. «No nos hicieron caso y ahora, ante la enorme presión que tiene el Gobierno, se ven obligados a tomar otra vez medidas intervencionistas, que lo único que crean es inseguridad jurídica«, ha añadido.
Por su parte, el portal inmobiliario Fotocasa ha advertido de que «la intervención en un mercado tan sensible como el del alquiler con medidas limitadoras puede llegar a tener consecuencias contrarias a las buscadas». Y recuerda que, aunque la inflación afecta en mayor medida al inquilino, el arrendatario también se verá perjudicado porque varios de los gastos directos de la vivienda «también es probable que se incrementen».
Muy crítico también con la medida, el portal idealista considera que, de nuevo, el Gobierno descarga responsabilidades sobre los propietarios particulares «lo que es responsabilidad de la Administración y obliga a que no se cumpla la cláusula de actualización de los contratos de alquiler», ha denunciado en un comunicado el portavoz de idealista, Francisco Iñareta. «El anuncio supone un nuevo varapalo para los arrendadores, que de nuevo vuelven a ver cómo cambian las reglas a mitad de partido y que en muchos casos provocará la retirada de sus viviendas del mercado ante la evidente inseguridad legal que supone».
