El avance del turismo y la subida generalizada del precio de la vivienda en determinadas zonas de España, como en Catalunya o las Islas Canarias, ha provocado que ciertas fuerzas políticas hayan puesto sobre la mesa la posibilidad de limitar o prohibir la compra de propiedades por parte de extranjeros, una propuesta que, advierten los expertos, sería difícil de sacar adelante.
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en su art. 63, establece la prohibición a cualquier tipo de restricción a los movimientos de capitales entre Estados miembros y terceros países, incluyendo la compra de propiedades inmobiliarias, lo que significa que cualquier ciudadano de la UE tiene derecho a adquirir viviendas en cualquier país miembro sin restricciones significativas.
Es por esto que, tal y como explica Mercedes Blanco, miembro del comité de dirección de Fincas Blanco y CEO de Vecinos Felices Administración de Fincas y Alquileres, España podría enfrentarse a grandes dificultades en el caso de querer imponer este tipo de restricciones. “Se podría explorar la posibilidad de imponer restricciones a los no comunitarios, siempre y cuando estas restricciones se consideren necesarias, proporcionadas y no discriminatorias”, detalla la experta.
En el caso concreto de Canarias, dado su estatus de región ultraperiférica (RUP), podría contar con una base para argumentar ciertas restricciones basadas en su lejanía e insularidad. “Sin embargo”, recuerda la miembro del de la nueva comisión de vivienda de la Cámara de Comercio de Barcelona, “cualquier intento de imponer estas restricciones requeriría una sólida justificación ante la Comisión Europea y el respaldo del gobierno central de España”.
Precedentes y posible impacto en el mercado
Actualmente, normativas de este estilo se han implementado en algunas provincias de Canadá, así como en Malta. En el caso norteamericano se han introducido impuestos adicionales a los compradores extranjeros para frenar la especulación inmobiliaria y proteger la asequibilidad de la vivienda para los residentes locales; mientras que en Malta la compra de propiedades está limitada a una para todos los ciudadanos de la Unión Europea, teniendo que residir en dicho país más de cinco años aquellos que quieran adquirir una segunda vivienda.
En lo que respecta a su impacto en el mercado, Mercedes Blanco explica que, “si bien implementar restricciones a la compra de viviendas por parte de extranjeros podría mantener los precios de las viviendas más accesibles para los residentes locales y reducir la especulación, aportando estabilidad al mercado inmobiliario, también podría disminuir la inversión extranjera y afectar la economía local, además de reducir la demanda de nuevas construcciones”.
De este modo, los principales beneficiados serían los residentes locales, que podrían acceder, inicialmente, a vivienda a precio más asequible. Aún así, la experta advierte que eliminando al inversor extranjero la economía podría sufrir estragos, y ante una menor demanda, no se fomentaría la construcción de nuevas viviendas.
