Ante la noticia conocida este martes de que el presidente de la Generalitat apoya la proposición de ley de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, presentada hace unos días en el Parlament y actualmente pendiente del informe del Consejo de Garantías Estatutarias, así como que el presidente tiene previsto reunirse hoy con los representantes del Sindicat de Llogateres, desde el Consejo Catalán de Colegios de API de Cataluña se reclama nuevamente que una normativa de esta trascendencia en materia de vivienda, que puede afectar a miles de hogares y familias de Cataluña, tanto a inquilinos como propietarios, sea trabajada y consensuada con todos los representantes del sector inmobiliario.
En este sentido, Joan Company, recientemente nombrado presidente del Consejo de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña en sustitución de Gerard Duelo, ha destacado la importancia del colectivo API catalán dentro del sector de la vivienda en Cataluña.
«Los Colegios y la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y los de Administradores de Fincas representamos a más de 6.000 profesionales de Cataluña que conocemos de primera mano la realidad de la problemática de la vivienda, tanto por parte del propietario como del arrendatario. Administramos y comercializamos casi el 80% de los contratos de arrendamiento del territorio catalán. Por eso nos sorprende y lamentamos que, durante el período de redacción de esta propuesta legislativa, desde la Consejería de Justicia en ningún momento se nos haya informado ni consultado nuestro juicio como expertos en la materia. Nosotros siempre hemos defendido la necesidad de una intervención pública que permita y facilite el derecho al acceso de una vivienda digna para toda la población, especialmente la más vulnerable, pero esta problemática se debe enfocar de fondo en su integridad, con conocimiento de cuál es la realidad del parque de viviendas de alquiler y con medidas que den estabilidad al inquilino y seguridad al propietario», reclama el presidente del Consejo Catalán.
Company ha aprovechado para avisar de que «una medida puntual de limitación de los precios de alquiler aplicada de forma general a todas las poblaciones de más de 20.000 viviendas y sin valorar la situación y estado de conservación de cada vivienda, además de ser una decisión precipitada e ineficiente, provocará el efecto contrario, que muchos propietarios no quieran alquilar y por tanto, habrá menos oferta y disponibilidad de pisos de alquiler, y ante la pérdida de rentabilidad no se reinvertirá en la mejora de la vivienda, lo que provocará un deterioro del parque privado de viviendas».
Joan Company cierra el comunicado pidiendo al presidente de la Generalitat «que atienda nuestra petición de una entrevista con las organizaciones profesionales del sector, ya reclamada desde hace unos días» argumentando que «sería lamentable que desde la presidencia se limitara a escuchar y atender exclusivamente a una asociación que representa unos intereses muy determinados».
