Si ha habido un problema del sector inmobiliario señalado durante todo el 2024 tanto por los expertos como por el Gobierno ha sido la falta de oferta, lo que provoca precios elevados y una mayor necesidad de contar con un parque de vivienda pública suficiente para garantizar el acceso al mercado de los colectivos más vulnerables.
En este contexto, Tecnotramit analiza un segmento cuya gestión todavía tiene mucho margen de mejora: el parque de viviendas de protección oficial (VPO). Tal y como señalan desde la compañía, existen 3 grandes errores históricos en la gestión del parque público de los que se está aprendiendo y que son claves para avanzar en políticas públicas eficientes tanto desde el punto de vista de sostenibilidad en el tiempo como de eficiencia social.
Primero, la política de vivienda de protección oficial del siglo XX no contenía ninguna obligación para los promotores privados. Así pues, en función de la coyuntura económica, los promotores podían elegir libremente si dedicaban recursos a la promoción pública o, por el contrario, preferían dedicarse a la promoción destinada al mercado libre cuando esto suponía un mayor negocio. La prueba de esto es que entre los años 1965-1973, 1985-1992 y 1997-2007, períodos en los que la economía española estaba en expansión y crecimiento, se produjo una fuerte bajada de la inversión en vivienda protegida.
Segundo, la arbitrariedad en la adjudicación de viviendas, ya que, aunque los compradores de este tipo de propiedades debían cumplir una serie de requisitos, existía arbitrariedad por parte de los promotores, que anteponían criterios de proximidad, familiares o de amistad y no cumplían con la obligatoriedad de una adjudicación equitativa y socialmente justa.
El tercer gran error histórico que señala la compañía es la no sujeción del precio de las transmisiones de las viviendas adjudicadas. Que existiera la posibilidad de descalificar anticipadamente la vivienda como VPO a petición del propietario ha llevado, por un lado, a que todas esas viviendas desaparezcan del parque público y, por otro, a la privatización del beneficio o las plusvalías generadas con la venta del inmueble, no revirtiendo ese beneficio en favor de nuevas familias más necesitadas.
Vicenç Hernández Reche, economista y CEO de Tecnotramit, lo tiene claro: “La tan manida colaboración público-privada no es un sistema tan novedoso y hay que reconocerle su funcionalidad pública, así como dotarle de más rigor metodológico. Y es que supone un gran empuje para dar alojamiento a familias que no pueden acceder al mercado libre. De hecho, entre 1940 y 1971 más del 80% del crecimiento del parque público de viviendas en España se debió a 6.200.000 viviendas protegidas de las que sólo el 7%, 430.000 viviendas, fueron promovidas directamente por la Administración Pública”.
