No hay seguridad jurídica porque el propietario conoce sus obligaciones, pero no sabe si se respetarán sus derechos

Aunque no se dispone de datos oficiales, muchos pequeños propietarios de nuestro país sufren las consecuencias de la okupación y la inquiokupación agravado por la paralización de los desahucios desde hace cinco años. La prórroga de esta situación hace asumir al propietario los costes de mantener a una familia sin disponer de la vivienda ni recibir ningún ingreso por ello. Esto genera una grave situación de inseguridad jurídica que afecta, de forma inevitable, al mercado de vivienda con una acusada reducción de la oferta. Hablamos de ello con Arantxa Goenaga, abogada y socia del despacho AF Legis.

  • ¿Tienen datos o una estimación de a cuántos propietarios puede estar afectando la paralización de desahucios? 

No tenemos un número exacto de propietarios afectados porque son estadísticas a las que no tenemos acceso, pero sí que podemos hablar de los procedimientos que nosotros llevamos en el despacho y en estos, en la mayoría, nos encontramos con paralizaciones o intentos de suspensión. En todos los procesos se inicia el trámite y, en la mayoría, se procede a la suspensión. 

  • Con estas medidas se supone que se trata de proteger al vulnerable pero, ¿qué requisitos se piden para declarar a alguien vulnerable y cómo se comprueba?

Se considera vulnerable a aquellas personas cuyos ingresos no superan el límite que establece la Ley que es de 3 veces el Iprem y además tienen en cuenta los gastos asociados que tienen como suministros o colegios de menores. Estos datos los recopilarán los servicios sociales y, en teoría, deben emitir un informe cada 3 meses. Pero la realidad es que hasta que el propietario no reclama que se actualice no vuelven a emitir ningún informe y tampoco proponen ni adoptan las medidas necesarias para que la persona pueda salir de dicha situación, o bien darle una solución habitacional y que así el particular no tenga paralizado el procedimiento con todo lo que ello implica. 

  • En el caso de los afectados, la principal crítica es que no se diferencia realmente quién es inquiokupa profesional de persona vulnerable ¿Qué medidas debe tomar el propietario ante el impago de la renta? 

Ante un impago hay que ser rápido e iniciar el procedimiento judicial cuanto antes para que, si realmente hay un riesgo de vulnerabilidad, los servicios sociales inicien las actuaciones cuanto antes. El inquiokupa muchas veces pretende beneficiarse, pero si hasta el momento de resolución del contrato ha pagado puntualmente la renta, lo va a tener más complicado para probar que es vulnerable. Cada caso es diferente, pero se suele ver un patrón en el que, cuando se va a finalizar el contrato, impagan para solicitar la vulnerabilidad. 

  • ¿Cuántos años puede alargarse un proceso de desahucio hasta que el propietario recupera su vivienda?

Pues algunos procedimientos llevan suspendidos desde el año 2020 y ahora la suspensión está acordada hasta el 31 de diciembre de 2025. Cada año desde el 2020 cuando se acerca el plazo de finalización el Gobierno vuelve a ampliar el plazo pero esperemos que este ya sea el último. 

  • El Estado deja así en manos de los propietarios de viviendas esa protección social a las familias vulnerables ¿Pueden los propietarios reclamar al Estado algún tipo de compensación? 

Si, se prevé que puedan reclamar una indemnización de las rentas dejadas de percibir, pero nunca va a ser la totalidad de los perjuicios que sufren por los daños que causan en el inmueble y porque no siempre se cobra la totalidad de la renta, y además algunos de ellos hasta pagan los suministros. Una situación en algunos casos bastante kafkiana. 

  • ¿Es viable la propuesta de convertir los contratos de alquiler en indefinidos (recuperando ese concepto de renta antigua) como se ha sugerido también en los últimos días? ¿Qué supondría?

En absoluto lo veo viable porque hará que más pisos salgan del mercado y, sobre todo, llevará a un envejecimiento del parque inmobiliario porque a ningún propietario le interesará renovar los pisos. Ya se produjo esta situación hace años y se tuvo que revertir eliminando este tipo de contratos para que el mercado mejorase. 

  • ¿Por qué es importante la seguridad jurídica para el mercado de alquiler?

Al igual que cualquier mercado o sector económico necesita que sea estable y que se conozca que va a suceder y los riesgos a los que nos enfrentamos. Actualmente no sucede así y no hay seguridad jurídica porque el propietario no sabe qué va a suceder con ese contrato, conoce sus obligaciones pero no sabe si se respetarán sus derechos. Hay que recordar que nuestro mercado inmobiliario está formado por una gran masa de pequeños propietarios que complementan sus sueldos o pensiones con los alquileres, no especulan y no se está teniendo en cuenta. También  tienen derecho a una protección. 

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