La directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), Beatriz Toribio, ha indicado que prolongar la prohibición de desahucios, como ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, genera «más inseguridad jurídica» y provocará que se contraiga la oferta y la inversión para aumentar el parque de viviendas en alquiler, por lo que cree que, a la larga, «dificultará el acceso a la vivienda de los inquilinos con menos recursos».
Así lo ha señalado este martes tras la aprobación de la prórroga de las moratorias de los contratos de alquiler y la prohibición de desahucio. A su jucio, la Administración no está tomando las medidas necesarias para desarrollar el alquiler y apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad.
Para Toribio, se necesitan medidas que fomenten el alquiler, «no que lo desincentiven», y que se establezca un sistema de ayudas públicas a los inquilinos con menores recursos, ya que «son quienes más están sufriendo la situación actual».
Por ello, ha instado al Gobierno a focalizar sus esfuerzos en ayudar a las familias con las rentas más bajas porque son las que realizan un esfuerzo más alto en el pago del alquiler. «Las moratorias planteadas desde el inicio de la pandemia no han funcionado», ha remarcado.
En esta línea, Asval ha solicitado crear un fondo de ayudas directas de más de 700 millones anuales para los inquilinos más vulnerables, «porque son los que realizan mayores esfuerzos en el pago de los alquileres».
También considera que la prolongación de las moratorias no ha tenido mucho éxito y que los créditos ICO para el pago del alquiler y otras medidas tampoco han funcionado. «Las medidas puestas en marcha hasta ahora no están llegando con la eficacia y Asval propone que se aumenten las ayudas al pago del alquiler de los inquilinos«, ha afirmado en un comunicado.
La asociación ha pedido que haya más seguridad y colaboración público-privada para desarrollar la oferta, puesto que «en España falta vivienda en alquiler social y asequible». En este sentido, ve imprescindible aumentar el presupuesto en política de vivienda, que en la actualidad es de 679 millones de euros frente a los 1.600 millones de 2009.
