El Consejo General de COAPI de España ha sido contundente en su rechazo a “cualquier limitación de los precios del alquiler” que pueda ser incluida en la futura ley de vivienda, y considera que para regular los precios del alquiler se necesita “un verdadero parque público de vivienda social”.
Limitación de precios
Así lo han expresado Montse Junyent Martín y José Merino Tapia, asesores jurídicos del Consejo, quienes han impartido una conferencia sobre “La limitación de los precios del alquiler” en el marco de la SIMA 2021, la mayor feria comercial del sector inmobiliario español y la primera presencial después de la crisis de la Covid-19, celebrada en IFEMA.
Los expertos se han referido a la posible inclusión en el marco de la nueva Ley de Vivienda, que el ejecutivo de España pretende aprobar próximamente, que podría incluir una limitación en los precios del alquiler, disposición que estaba incluida en el pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.
“Entendemos que cualquier limitación debe ser rechazada porque vulnera los derechos consagrados en la Constitución a la propiedad privada y la libertad contractual”, ha considerado José Merino durante su intervención, quien ha añadido además que “es el peor momento para intervenir”, ya que los precios se han regulado e incluso bajado durante el último año.
Regulación del mercado
El experto ha opinado la única solución al problema del alquiler en España es aumentar la oferta con un “verdadero parque de alquiler público y privado”, ya que, a su parecer, “de lo que adolece el mercado es de falta de oferta. Si la elevamos, la regulación vendrá sola”.
Por otro lado, José Merino ha expresado sus dudas respecto a algunas de las disposiciones que podría incluir la ley, como una posible penalización de la vivienda vacía, con un aumento del 50% de la tasa del IBI. “Esta tasa se elevaría para evitar que los propietarios, ante el bajo rendimiento que tenga el alquiler, tengan la vivienda vacía, como ha pasado en Berlín o París”.
Para el experto, esta tasa “terminaría enterrando el mercado del alquiler, ya que los arrendadores pondrían sus viviendas a la venta, reduciendo aún más la oferta de alquiler”. Por ello, considera la medida “ideológica, intervencionista y contraria al libre mercado”.
El ejemplo catalán
Por su parte, Montse Junyent ha explicado durante su intervención el ejemplo catalán, que cuenta con una Ley de limitación de los precios del alquiler, que está en el disparadero por su dudosa constitucionalidad, que ya está revisando el TC.
La representante de COAPI ha lamentado que “ninguno de los operadores del sector pudimos participar” en la redacción de una ley “impulsada por un colectivo que se autoerige como representante de los inquilinos”, en referencia al Sindicato de Inquilinos.
Además, ha lamentado la “inseguridad jurídica” que ha provocado esta ley, ya que, su posible inconstitucionalidad “ha traído incertidumbre a los propietarios”.
«Si suben los precios es porque no hay suficiente oferta»
La experta ha insistido en que “si suben los precios es porque no hay suficiente oferta” y se ha posicionado a favor de “el derecho a una vivienda digna”, pero no cargada en los propietarios sino sustentada en vivienda social pública y privada.
En este sentido, Montse Junyent se ha solidarizado con las personas que se ven obligadas a ocupar, pero ha subrayado que “la ocupación es tolerada porque es más fácil dejar ocupar que dar una alternativa habitacional”.
Según José Merino, además, “es necesario dotar a los juzgados y tribunales de mecanismos rápidos y ágiles para que el propietario recupere en un mínimo de tiempo su vivienda en casos de desahucios. La inseguridad jurídica existente hace que los propietarios prefieran tener la vivienda vacía a alquilarla”.
