Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña expresan su «preocupación» por el nuevo Real Decreto-Ley sobre vivienda aprobado ayer por el Consejo de Ministros y advierten sobre los «riesgos de continuar abordando la crisis inmobiliaria mediante una sucesión de nuevas medidas regulatorias que se solapan con un marco normativo ya extraordinariamente complejo».
La organización comparte la necesidad de actuar ante las dificultades para acceder a la vivienda y de proteger especialmente a las personas en situaciones vulnerables. Sin embargo, considera que un problema de esta magnitud requiere políticas estructurales, estabilidad regulatoria y una visión a largo plazo.
«Compartimos el objetivo, pero cuestionamos el camino. La vivienda no puede gestionarse por decreto. Cada nueva modificación añade complejidad e incertidumbre a un mercado que necesita justo lo contrario: estabilidad y seguridad jurídica», señala Montserrat Junyent, presidenta de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Barcelona y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC).
Medidas que podrían acabar reduciendo la oferta
Los API de Cataluña también advierten que algunas de las medidas adoptadas pueden generar efectos contrarios a los perseguidos. Este es el caso de la prórroga de la suspensión de ciertos procedimientos de desahucio para personas en situaciones vulnerables sin vivienda alternativa.
Los API argumentan que estas personas deben tener la máxima protección, pero consideran que esta responsabilidad debe recaer fundamentalmente en las políticas públicas. Transferir esta situación a los propietarios durante períodos prolongados puede aumentar la percepción de riesgo y hacer que algunos decidan no poner sus viviendas en el mercado de alquiler.
«Si un propietario no está lo suficientemente seguro de cuándo podrá recuperar su casa, le resulta más difícil decidir alquilarla. Y no podemos permitirnos adoptar medidas que reduzcan aún más la oferta cuando la falta de viviendas disponibles es precisamente uno de los principales problemas que tenemos», dice Junyent.
Más diálogo y menos acumulación regulatoria
Para los API de Cataluña, una reforma de esta magnitud debería ser el resultado de un diálogo amplio con todos los actores implicados y de una evaluación previa de los efectos de las medidas adoptadas hasta ahora. «Antes de añadir nuevas capas regulatorias, debemos saber qué funciona, qué no y por qué. Necesitamos espacios para el diálogo, el debate y el consenso que nos permitan construir políticas de vivienda que perduren en el tiempo», dice Junyent.
En este sentido, los API de Cataluña reclaman el Pacto Transversal por la Vivienda como un espacio para construir una estrategia compartida entre administraciones, fuerzas políticas y agentes sociales y económicos, que combina el aumento de la oferta, la protección de las personas vulnerables y la seguridad jurídica.
La organización reitera su disposición a colaborar con todas las administraciones y fuerzas políticas y a aportar el conocimiento de los profesionales inmobiliarios: «Desde los API seguiremos extendiendo la mano. El problema de la vivienda necesita menos respuestas parciales y más acuerdos«.
