El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha iniciado el año con el anuncio de un nuevo paquete de doce medidas para gestionar el mercado inmobiliario y cambiar la tendencia alcista de los precios, aunque, tal y como advierte el Personal Shopper Inmobiliario (PSI) de referencia, Iñaki Unsain, siguen siendo muy intervencionistas y en contra de la entrada de nuevos inversores que permitan aumentar la oferta actual de viviendas.
Entre las medidas más destacadas, el Gobierno ha anunciado la transferencia de más de 3.300 viviendas a la nueva Empresa Pública de Vivienda, así como casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial y la creación de un nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Viviendas, que se ubicará en la provincia de Valencia.
“El paquete de medidas está en la línea esperada de intervención y regulación, pero es muy interesante y positivo que por fin digan en voz alta que el gran problema de la vivienda en España es la falta de oferta, tal y como venimos alertando los profesionales del sector desde hace mucho”, celebra el experto.
Sin embargo, Unsain considera que se está lanzando “un mensaje al mundo” de que no interesa la llegada de nuevos inversores extranjeros con la supuesta limitación de compra por parte de extracomunitarios: “estamos lanzando un mensaje de que España regula, de que España quiere intervenir y que por lo tanto el dinero se irá a otro sitio”.
En este sentido, Unsain critica este paquete de medidas al considerar que ha sido presentado de forma precipitada y pone en seria duda que el resto de los socios de Gobierno acaben por dar luz verde al mismo. “Lo que creo es que lo que crea es ruido, follón, inseguridad y paralización de inversiones, con lo cual yo creo que no vamos por el buen camino”, sentencia.
Falta de nuevos permisosSobre esta nueva empresa pública de vivienda, Unsain lo cataloga de “gran error”, pues considera al Gobierno un mal gestor “incapaz de tramitar viviendas de forma eficiente, de calidad y a buen precio”.
“Lo que tiene que hacer el Estado, en mi opinión, es llegar a acuerdos de colaboración público-privada con promotoras especializadas en la construcción de viviendas, haciendo acuerdos y traspasando suelos a precios razonables para que estas empresas se puedan ganar la vida, porque si no, no lo van a coger”, comenta el experto, quien también pide una mayor agilidad por parte del Gobierno para aprobar las licencias de obras y la tramitación de los suelos para transformar su uso.
Otras medidas “estrella” de este plan incluyen ventajas fiscales, como una exención del 100% del IRPF para aquellas personas que alquilen por un precio determinado, lo que es visto por el Personal Shopper Inmobiliario como una forma de esquivar la negativa de las comunidades gobernadas por el Partido Popular de aplicar su nueva ley de vivienda. “Es una ayuda, pero si le estás obligando a que tenga durante cinco años un piso alquilado a un precio muy inferior a lo que a lo que se podría alquilar, el propietario no lo va a hacer y por lo tanto esto no va a servir de gran cosa”, lamenta.
En última instancia, Unsain hace referencia al IVA del 21% que el Gobierno quiere aplicar a los pisos turísticos. “No me parece mal, pero deben saber que ese importe se va a trasladar al precio de las viviendas”, explica el experto, quien añade, “todo lo que va a conseguir esto es ahuyentar la inversión internacional, que acabarán llevando su dinero a otros países con menos limitaciones”.
