Cataluña avanza en una normativa para la regulación del alquiler, texto que han elaborado el sindicato de alquileres catalán y el Departamento de Justicia de la Generalitat. Se prevé que afecte a los 60 municipios catalanes de más de 20.000 habitantes.
Sobre esta situación y determinación de índole jurídica, pero que afectará al colectivo de propietarios de esta comunidad, opinan Vicenç Hernández Reche, director general de Tecnotramit, empresa de servicios de BPO para entidades financieras y compañías inmobiliarias más importantes de España y Portugal, especializada en la externalización de servicios comerciales, administrativos y jurídicos para el sector financiero e inmobiliario; y David Viladecans Jiménez, director de Asesoría Jurídica de la compañía.
Vicenç Hernández Reche, director general de Tecnotramit: “Este tipo de política intervencionista tiene un efecto negativo probado en el mercado”
“No es una medida novedosa. La historia nos muestra ejemplos de políticas similares en diversas ciudades del mundo desde la 1ª Guerra Mundial”. “Se trata de una medida de fácil implementación y de carácter populista”.
“En el corto plazo son medidas positivas ya que atacan de representan una acción inmediata y directa a los problemas de accesibilidad de ciertos colectivos. Pero la evidencia histórica expone que en el medio y largo plazo la aparición de efectos contrarios relevantes especialmente cuando se mantienen durante períodos de tiempo elevados”.
“La oferta de alquiler reacciona disminuyendo el número de viviendas disponibles en el mercado, reduciendo los gastos de mantenimiento de las viviendas o cambiando la composición de la vivienda ofertada con el objetivo de sortear la regulación. De manera adicional, se puede crear una segmentación en el mercado de la vivienda originando un mercado dual, y tienen una incidencia negativa en aquellos segmentos fuera del alcance de la regulación por la presión al alza de los precios”.
David Viladecans Jiménez, director de Asesoría Jurídica de Tecnotramit: “Es inconstitucional”
“Desde un punto de vista jurídico, se podría decir que resulta una medida inconstitucional dado que se está legislando sobre una cuestión que es competencia del Estado, lo que incluso señaló el propio Consell de Garanties Estatutaries 2019, al dictaminar sobre una medida similar que se intentó implantar en ese año por parte de la Generalitat. Además, una limitación de las rentas podría ser inconstitucional si se considera que atenta gravemente a la propiedad privada, dado que si bien la propiedad privada, según la Constitución, debe tener una función social, lo que no puede admitirse es que se creen medidas gravemente atentatorias contra la propiedad o que encubran una especie de expropiación. La medida ha de preservar también los intereses del propietario y sin carácter retroactivo”.
