La paradoja económica del periodo 2018-2026 deja un balance de asfixia ciudadana: el récord de presión fiscal, la escalada inflacionaria de la cesta de la compra y el precio de la vivienda han neutralizado las mejoras laborales, provocando una pérdida real del poder adquisitivo y el auge del pluriempleo.
La función principal de los sindicatos es, según la propia definición de UGT, defender los intereses del conjunto de los trabajadores en cualquiera de sus condiciones, trabajen o no, sean fijos o temporales. A los trabajadores con carácter integral y no a un colectivo concreto.
Sin embargo, en los últimos 8 años los dos principales sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, no han sentido la necesidad de promover protestas por la situación de la vivienda. Sí por la subida del SMI, la reducción de las horas laborales semanales, las condiciones laborales y salariales de trabajadores de servicios dependientes del estado o por el apoyo al pueblo Palestino.
Sin embargo, esta convocatoria anunciada para el 11 de noviembre es la primera huelga general de este periodo.
Ninguna alusión al problema de la vivienda hasta el pasado lunes, ¿acaso es una cuestión reciente? ¿De verdad no ha habido motivos para la alerta y la movilización en este tiempo?
Presión fiscal
Por hacer un análisis previo, y antes de entrar en materia inmobiliaria, podemos comenzar haciendo un breve repaso económico que nos lleve hasta el problema de fondo.
Desde 2018, la política fiscal en España ha estado marcada por un incremento sustancial en la recaudación y la presión tributaria, impulsada tanto por el aumento de gravámenes existentes como por la creación de nuevas figuras impositivas. Según datos del Impuestómetro 2026 del Instituto Juan de Mariana, la etapa del Gobierno de Sánchez deja tras de sí hasta 141 subidas de impuestos y cotizaciones. Hoy, cada hogar paga en impuestos directos 1.657 euros más al año respecto de 2018.
La pregunta política es qué retorno ha percibido el ciudadano de ese mayor esfuerzo. Y ahí surge una de las principales contradicciones de este periodo, lejos de mejoras, las familias han perdido capacidad adquisitiva.
Menor poder adquisitivo
A pesar de que el PIB nacional ha crecido globalmente en estos años, ese crecimiento no se ha traducido en un enriquecimiento para el ciudadano. De hecho, cuenta con menor capacidad adquisitiva que hace 8 años.
El empobrecimiento de la población española entre 2018 y 2026 se refleja principalmente en una pérdida de poder adquisitivo real de entre el 1% y el 2,5%, según un informe de coyuntura económica elaborado por la consultora y servicio de estudios Freemarket Corporate Intelligence que cruza datos del INE, FUNCAS y la OCDE.
¿A qué se debe ese empobrecimiento?
Aunque los sueldos han subido numéricamente y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha incrementado considerablemente en estas legislaturas, el coste de la vida ha subido mucho más rápido. El salario bruto medio descontando la inflación y la mayor carga impositiva es, en términos reales, inferior al de 2018 para las rentas medias y bajas. Es decir, se ha empobrecido a la clase media y ha aumentado la población vulnerable.
Y la situación es aún más grave cuando hablamos de menores. España registra una de las tasas de pobreza infantil más altas de la Unión Europea. Y afecta a 1 de cada 3 niños y adolescentes.
Pero esto no es todo, además de que los salarios no han crecido al ritmo de la inflación, también la cesta de la compra se ha disparado. Los precios de los alimentos básicos acumulan una subida cercana al 38% desde 2018.
Cesta de la compra disparada
Según el Informe Anual de la OCU, el coste de llenar la cesta de la compra se ha incrementado un 39,5% en los últimos 5 años.
El coste medio anual destinado en exclusiva a la alimentación se sitúa ya en torno a los 6.000 euros por hogar al año, frente a los 4.200 euros de 2018, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Por lo que podemos deducir que, aunque las familias disponen de más dinero en su cuenta bancaria que en 2018, su capacidad de compra ha disminuido debido a la crisis inflacionaria de los últimos años. Es más, según las conclusiones del III Estudio sobre Conductas sostenibles de la población española’ realizado por Triodos Bank, los españoles han modificado sus hábitos de consumo y reducido significativamente el consumo de carne y pescado. Pero también de otros alimentos de consumo básico diario como la fruta, los huevos, la verdura o la leche.
Empleo
Recapitulando: pagamos más impuestos, ganamos más, pero somos más pobres.
Al menos, tenemos empleo. Aquí los datos del mercado laboral hablan de un notable crecimiento en el volumen de trabajadores tras la reforma laboral de 2021.
En los últimos 8 años se han sumado más de 3 millones de cotizantes. Y la tasa de paro ha descendido por debajo del 10% en 2026, lejos del 14.5% de 2018.
Eso sí, debemos tener en cuenta que existe un debate sobre la realidad de estas cifras, referido a los contratos fijos discontinuos que no constan como parados registrados, sino como demandantes de empleo con relación laboral. Esta situación genera dudas entre los expertos que consideran este hecho una distorsión para conocer la verdadera situación de las cifras de empleo o paro.
Diversos servicios de estudios y la oposición calculan que hay de forma fluctuante entre 400.000 y más de 800.000 fijos discontinuos inactivos, pero no existen datos oficiales contrastables.
También el pluriempleo ha experimentado un crecimiento sin precedentes en España. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes a 2026, 651.200 personas compaginan dos o más empleos de forma simultánea, un 35% más respecto a las cifras de antes de la reforma laboral. Si hablamos de personas que cotizan en distintos regímenes, como autónomo y asalariado, el número global supera los 840.000 trabajadores, según datos de pluriactividad de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Es decir, pagamos más impuestos, ganamos más, pero hay más gente con varios trabajos porque, en realidad, somos más pobres.
Y, en medio de todo esto, la vivienda, con hipotecas variables y mixtas más caras a raíz de la subida del Euribor, y una escalada histórica de los precios del alquiler y la venta, que han actuado como un drenaje directo de la renta disponible de las familias.
Poca oferta de vivienda, precios disparados
En marzo de 2019, y tras haber sido rechazada una primera modificación, el gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez aprueba el Real Decreto-ley 7/2019, con el objetivo de reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Esta nueva norma conllevaba, entre otras medidas, la ampliación automática de los contratos a 5 o 7 años, según el propietario fuera empresa o particular, el límite de fianza, la indexación de la actualización de la renta al máximo del IPC, o la paralización de desahucios, si el inquilino se consideraba vulnerable. Este último punto ha sido clave para el mercado. Marcaría el inicio de un blindaje frente a los desahucios por impago que se endurecería años después tras la pandemia y con la aprobación de la actual Ley por el Derecho a la Vivienda.
La respuesta inmediata de los propietarios no se hizo esperar: fuga hacia otras fórmulas de alquiler como el vacacional o el turístico, retirada de inversores internacionales con proyectos de Build to Rent, escalada de los precios de salida como blindaje para adelantarse a la inflación o el endurecimiento en la selección del inquilino. Efectos que afectaban especialmente a las rentas más bajas y a los más vulnerables. Sería solo el comienzo.
En consecuencia a estas medidas adoptadas, se dispara la sensación de inseguridad entre los propietarios y se retiran viviendas del mercado. Las que permanecen endurecen las condiciones de acceso y el precio. Menos oferta y precios más caros. Una situación que empeorará con el llamado “Escudo Social” aplicado durante la pandemia. Una actuación de emergencia en la que se anuncia la suspensión de los desahucios de vivienda. Algo excepcional que, sin embargo, se prorrogará posteriormente en el tiempo haciendo a los propietarios responsables económicos de la situación de sus inquilinos.
Comienza a hablarse de “inquiocupación”, inquilinos que dejan de pagar la renta y que, sin mucha exigencia por parte de la administración, se declaran vulnerables alargando el proceso de desalojo en el tiempo y reduciendo las opciones de recuperación del inmueble por parte del propietario. Todo esto ante la inacción de un Gobierno que nunca ha llegado a reconocer esta realidad.
Ante la inseguridad jurídica, la oferta de alquiler continúa reduciéndose. Y, con unos precios de arrendamiento disparados, parte de esa demanda se traslada a la compraventa presionando aquí también los precios.
Con la Ley por el Derecho a la Vivienda (Ley 12/2023) se modifica sustancialmente la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). El ministerio de Vivienda comienza una ronda de contactos con las CCAA para que apliquen esta ley y declaren zonas del mercado residencial tensionado, lo que permitiría limitar los precios de los nuevos contratos de alquiler basándose en un índice de referencia oficial. Las rentas dejarían de actualizarse conforme a un IPC cada vez más disparado y se ponen nuevas trabas al desahucio por impago para grandes tenedores (más de 10 viviendas).
¿El resultado de tanta intervención? Un mercado inmobiliario completamente hundido, con una oferta insuficiente, tanto en compra como en alquiler, y unos precios disparados que no acaban de tocar techo.
La retórica del Ejecutivo se ha centrado recurrentemente en apuntar a la especulación de los grandes fondos tenedores (calificados de «fondos buitre») y las SOCIMI como principales inductores del encarecimiento, eludiendo la autocrítica sobre los efectos bumerán que la inseguridad jurídica provoca en los pequeños arrendadores.
Es un hecho difícilmente refutable que estos últimos decretos ley rechazados por el Congreso y tramitados de forma antidemocrática en la Diputación Permanente no pretenden solucionar el problema de la vivienda, sino señalar a otros culpables. Porque el principal problema, además del intervencionismo y la indefensión jurídica que genera, es la necesidad de vivienda.
Desde el inicio del Gobierno de Sánchez se han construido apenas 78.900 viviendas protegidas en toda España. Esto supone una media de 9.800 anuales, muy lejos de las cifras de anteriores gobiernos y, sobre todo, de las necesidades actuales del mercado.
Pacto de Estado
Lo que muchos tenemos claro es que ese déficit que se estima que ronda el millón de viviendas no va ser compensado por decretos ley que paralicen los desahucios, ni con medidas contra “fondos buitre”, que apenas representarían un 4% de un mercado donde el peso mayoritario lo llevan los particulares. Ni siquiera con una huelga general.
El diagnóstico es claro y la parálisis, insostenible. La complacencia de los sindicatos ante la pérdida de poder adquisitivo y el fracaso de las políticas de vivienda demuestra un divorcio absoluto con la realidad de la calle. Superar este bloqueo exige sustituir la burocracia asfixiante y el sesgo partidista por la colaboración público-privada, el pragmatismo técnico y la seguridad jurídica.
Un país a la altura de sus ciudadanos no se construye con silencios cómplices ante la mala gestión, sino con la valentía política para ejecutar el Pacto de Estado que la sociedad civil reclama con urgencia.