ADICAE cree que la ley de la vivienda andaluza generará más polémica que soluciones

EFE. Madrid. 25/09/2013

La Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) ha asegurado que la Ley para la función social de la vivienda aprobada hoy por el Parlamento andaluz generará «más polémica que soluciones» puesto que «ataca las consecuencias de un problema y no su raíz».

En una nota de prensa, el responsable del departamento de Relaciones Institucionales de ADICAE, Fernando Herrero, ha afirmado que la ley aprobada «no resolverá el problema hipotecario de millones de familias ni los abusos de los que están siendo víctimas».

Herrero ha lamentado que pueda terminar habiendo «cientos de miles de desahuciados que requerirán apoyos de las administraciones públicas y en especial desde las áreas de servicios sociales» de éstas.

El responsable de ADICAE se ha felicitado por el hecho de que una administración autonómica adopte medidas de protección de los consumidores ante el «flagrante abuso hipotecario» del que son víctimas millones de familias y considera «positivo» el mero hecho de que se concrete en normas el interés por la defensa de los consumidores.

Sin embargo, considera que esta ley «ataca las consecuencias de un problema y no su raíz», al dirigirse a las personas que ya han perdido la vivienda «con el exclusivo objeto» de que no sean desalojadas y desahuciadas durante tres años.

Esta medida, «de carácter claramente social» según Herrero, no impedirá, a su juicio, que avancen las 200.000 ejecuciones hipotecarias que están en marcha en España en estos momentos, según datos del Consejo General del Poder Judicial, muchas de ellas en Andalucía, ha explicado.

Ha insistido en la necesidad de abordar el problema ante una legislación «anticuada e injusta» y unas prácticas bancarias «abusivas» y ha defendido aprobar una moratoria que paralice durante tres años todas las ejecuciones hipotecarias y no solo los desahucios.

Además ha pedido una reforma «en profundidad» de la legislación hipotecaria para acabar con «abusos institucionalizados como la deuda perpetua tras el embargo, los intereses abusivos, las cláusulas suelo hipotecarias y un largo etcétera de ataques directos a los usuarios».

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