EP. Sevilla. 10/04/2013
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IULV-CA), defiende las «plenas garantías jurídicas» del decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta y que permite la expropiación temporal por tres años del uso de viviendas «en inminencia» de desahucio » en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas».
Cortés se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que la expropiación temporal del uso de la vivienda prevista en el decreto, que entra en vigor el próximo viernes, «es una solución para aquellas familias que han visto lesionado y pisoteado su derecho a la vivienda a través de ejecuciones hipotecarias que el Tribunal de Luxemburgo ha declarado absolutamente ilegales».
Según la titular andaluza de Fomento, el decreto ley de la Junta tiene «garantías jurídicas absolutamente plenas porque hay artículos de la Constitución, del Estatuto y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que avalan esta cuestión». Entre ellos, ha citado varios artículos de la Constitución, «el 47 que establece que la ciudadanía tiene derecho a una vivienda digna, el 33 que habla de la función social de la propiedad y por lo tanto no tutela usos antisociales de la propiedad, el 40 que se refiere a la distribución equitativa de la renta y el 128 que habla de la subordinación de la riqueza al interés general».
Recogido en el programa de IULV- CA en el pacto de Gobierno
Preguntada por si se trata de medidas de urgencia o tienen vocación de convertirse en normas permanentes, Cortés ha recordado que «desde IULV-CA consideramos que ante los desahucios, y así lo recogíamos en nuestro programa y en el acuerdo de gobierno con el PSOE-A, vivimos una situación de emergencia social y económica» y ha explicado que la expropiación temporal del uso se establece por un periodo de tres años «porque esperamos que dentro de tres años si la mayoría absoluta del PP no es capaz de atender esta urgente necesidad haya un Gobierno que paralice los desahucios, consiga la dación en pago con carácter retroactivo y el cambio de las leyes que nos han traído ante esta tremenda injusticia social».
Tras dejar claro que «construir más vivienda no es lo que va a garantizar el derecho humano a la vivienda, porque si ese fuera el camino España sería el paraíso», la consejera ha recordado que «en Andalucía en los últimos diez años se ha construido un millón de viviendas y no se ha ejercido el derecho humano a la vivienda por parte de la ciudadanía». «Constatamos entre 700.000 y un millón de viviendas vacías cuando hay miles de personas que no tienen derecho a la vivienda y sólo en los registros municipales de demandantes tenemos 50.000 familias que nos piden una vivienda en alquiler», ha detallado.
Por último, Cortés ha señalado que sólo conoce la reacción de las entidades financieras, las promotoras y las inmobiliarias al decreto «por lo que hemos escuchado por los medios».
«El Gobierno andaluz y la Consejería de Fomento tenemos la obligación política de defender el interés general, lógicamente ni las entidades financieras ni los promotores ni ningún colectivo ni sector ha sido consultado a la hora de abordar este decreto, lo hemos aprobado en defensa del interés general para proteger la integridad física y psíquica de las personas en un proceso de ejecución hipotecaria con la protección temporal del uso de la vivienda», ha concluido.
