Consumidores rechazan que los intereses de la banca «se prioricen una vez más» frente al decreto antidesahucios

EP. Sevilla. 11/07/2013

Las organizaciones de consumidores Facua-Consumidores en Acción y UCE-A han mostrado este jueves su rechazo a la suspensión cautelar del decreto de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, tras haber sido admitido a trámite en el pleno del Tribunal Constitucional (TC) por el recurso del Gobierno central, y han reprochado que «una vez más» se prioricen los intereses de las entidades financieras a las necesidades de la sociedad.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha calificado la actitud del Gobierno central de cercana al «sadismo» al «no adoptar medidas que busquen proteger a las personas afectadas por desahucios y haciendo todo lo posible para evitar medidas como la formulada por la Junta de Andalucía», que de por sí Facua considera «extremadamente blanda» al afectar a un número reducido de familias y «afectado de manera ínfima a las entidades financieras».

«El Gobierno trabaja para defender los intereses de la banca y a exigencias de la troika y demuestra que no tiene interés por el drama que sufren multitud de familias», ha subrayado.

Así, ha apuntado que «el Gobierno está defendiendo la especulación inmobiliaria» y muestra un «servilismo incondicional a lo que exija la banca, que domina las decisiones del Gobierno».

Por su parte, el presidente de UCE-A, Juan Moreno, ha insistido en la idea de que «una vez más» los intereses de los grandes entidades financieras llevan «al traste» una iniciativa que, «aun pudiendo ser mejorable», perseguía que «las personas no perdieran su vivienda y se quedaran en la calle».

De esta manera, ha mostrado su preocupación por esta situación y por que, durante los cincos meses de suspensión cautelar del decreto, «el TC se dedique a buscar argumentos para tumbar definitivamente esta normativa».

Además, ha apuntado que si la propia Unión Europea considera «abusivos» el procedimiento de desahucios en España, es «lógico» que se contrarreste con medidas públicas que «pongo coto» a esta situación.

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