El Defensor del Pueblo Andaluz cree que existe una bolsa «importante» de vivienda protegida privada que «se desconoce»

EP. Sevilla. 06/05/2013

El Defensor del Pueblo Andaluz ha apuntado este lunes que existe una bolsa «importante» de vivienda protegida de titularidad privada, que «está en poder de los bancos» y que, además, «su número y uso sí permanecen desconocidos».

Fuentes del Defensor del Pueblo Andaluz han señalado a Europa Press que la vivienda protegida pública «sí está inventariada», si bien es la vivienda protegida privada donde «existe verdaderamente un enorme grado de desconocimiento en cuanto a su número y el uso efectivo que se le está dando», ante lo que han pedido «con urgencia» conocer el número de estás que está en manos de los bancos.

De esta manera, el Defensor del Pueblo Andaluz hace hincapié sobre las concesiones en materia de Urbanismo y Obras Públicas que recoge el Informe del Defensor correspondiente al ejercicio 2012, después de que el PP andaluz llamara la atención este pasado domingo sobre su preocupación por la «existencia de miles de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública u oficial desocupadas» en la comunidad andaluza.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha reiterado su petición de conocer la cifra exacta de las viviendas protegidas –construidas con algún tipo de ayudas públicas– que son de titularidad privada y que «no tienen un uso social». Esta bolsa de vivienda privada y protegida, según detalla, está «en su mayoría» en poder de bancos y entidades financieras y ha pedido una actuación preferente para su identificación y puesta en disposición para atender necesidades sociales, según señala en un comunicado en su web.

Fuentes de la Defensoría han indicado que la explosión de la burbuja inmobiliaria es una de las razones que ha provocado que «mucha de las viviendas protegidas privadas hayan terminado en poder de los bancos». Así, han reclamado «obligatoriamente» que el «único» destino de estas viviendas sea «social».

«Hay que garantizar el uso social de la vivienda, tomando medidas ante esa bolsa de viviendas protegidas privadas incalculada, llegando incluso a poder plantear la expropiación si no se le da un uso social», un punto al que el Defensor ya se refirió el pasado julio cuando presentó una serie de medidas como respuesta a las necesidades de vivienda con motivo de la crisis para intentar bajar el número de desahucios en Andalucía.

De igual manera, desde la Oficina han querido resaltar la importancia de diferenciar las viviendas protegidas públicas de las privadas, «un matiz importante». «De la vivienda protegida pública también tiene que garantizarse su uso social, pero la gran bolsa pendiente por aflorar en Andalucía es la de las viviendas protegidas privadas», han hecho hincapié.

Desde el Defensor del Pueblo Andaluz se ha apuntado que hay casos «puntuales» que han investigado en los que una vivienda protegida pública está «desocupada o no están ocupadas legítimamente o cerradas porque su falta de rehabilitación no permite otra cosa», si bien «no es una situación mayoritaria y la bolsa enorme se da en la vivienda protegida privada».

Por último, las mismas fuentes han señalado que el Informe Anual no recoge cifras para referirse a las viviendas protegidas privadas, sino que emplea el término «desconocimiento» de la bolsa.

Por otra parte, sobre los alquiler de las viviendas, el Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido no confundir ayudas a la emancipación con ayudas al alquiler para que los propietarios pusieran en el mercado las viviendas desocupadas. «Estás ayudas a la emancipación , que están cofinanciadas entre la Junta y Administración General, están teniendo retrasos y hay problemas para el pago», han señalado.

Por último, las mismas fuentes han recordado que ya en 2012 pidieron que se activara la actuación inspectora y de control de las viviendas de protección privada, porque ya entonces avisaron de que «había que saber cuántas viviendas hay», al mismo tiempo que reclamaron una «permanente vigilancia hacia el uso de las mismas», de manera que «si se da a una familia, se garantice que sea esa familia la que aprovecha la vivienda». «Es un bien demasiado rico y apreciado como para no tener un efectivo control sobre su aprovechamiento», concluyen.

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