Los economistas dicen que el control del alquiler traspasa la responsabilidad pública a los propietarios

ep. El Consejo General de Economistas han puesto de relieve que el control de los precios de los alquileres supone traspasar el coste de la política social en materia de vivienda a la propiedad privada y «tiene la ventaja para los gobiernos de que no tiene coste presupuestario».

«Todas las acciones de política de vivienda tienen repercusión presupuestaria y son responsabilidad de la administración pública», han recordado los economistas, que dicen que «no es razonable hacer recaer en los propietarios de vivienda en alquiler los problemas creados por la ineficacia, falta de financiación y coherencia de las políticas públicas».

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha trasladado una serie de consideraciones, reflexiones y propuestas, entre la que se encuentra esta del control del alquiler, que los economistas creen que deberían valorarse a la hora de abordar el debate en materia de vivienda.

Sobre el control de los precios de los alquileres, también se ha dejado claro que «está demostrado que comporta que los propietarios se retraigan a la hora de ofertar sus viviendas, reduciéndose por tanto el mercado y las inversiones y aumentando la economía sumergida».

Para los economistas, cuanta más oferta pública y privada de vivienda en alquiler exista, más ventajoso será el precio para el inquilino; y para lograrlo se necesita que las reglas del juego «sean claras y con voluntad de permanencia».

Además, consideran que en un contexto de crisis como el actual «es previsible que aumente la movilidad laboral, por lo que resulta fundamental incrementar el parque de viviendas accesibles en alquiler». «En este debate también conviene tener en cuenta las diferencias de la problemática de los mercados de alquiler de vivienda en grandes y pequeñas urbes», han añadido.

Para los economistas, «no hay soluciones mágicas ni simples al problema de la accesibilidad de la vivienda como algunas propuestas populistas parecen sugerir». De hecho, creen que es necesaria una aproximación para fomentar el acceso a la vivienda a partir de múltiples instrumentos, entre los que se encuentran las ayudas al alquiler, construcción y compra de edificios para destinar a vivienda en alquiler social o a precio limitado por algún tipo de subsidio público que permita la colaboración público-privada para la construcción de un parque de vivienda asequible, entre otras medidas.

También piensan que para que el parque privado de alquiler pueda alojar a las familias con bajos ingresos y a aquellas familias en peligro de exclusión social «es imprescindible un sistema de subsidios personalizados para el pago de las rentas», han señalado.

Por otro lado, han señalado que las partidas presupuestarias destinadas a vivienda son inferiores a las de entre 2006 y 2010 y consideran que la inyección de fondos europeos «suponen una oportunidad para la promoción de vivienda pública asequible en alquiler».

El Consejo General de Economistas piensa que la discusión sobre el control de precios de los alquileres «se da en un contexto de ausencia total de evaluación de la política de vivienda y olvidando las consecuencias de las restrictivas leyes de Arrendamientos Urbanos, vigentes durante el franquismo y que se prolongaron hasta 1994».

Asimismo, ha aprovechado para lanzar un mensaje institucional a los poderes públicos y a la opinión pública donde expresa la necesidad de que haya un debate «serio y sosegado» antes de tomar «decisiones precipitadas» sobre la política de vivienda.

Así lo han señalado el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, Joan Ràfols, y el economista especializado en vivienda, José García-Montalvo, durante una jornada para hablar del control de los precios de los alquileres.

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