EP. Sevilla. 14/07/2013
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha presentado las líneas fundamentales de su política de vivienda en Tenerife y Gran Canaria, en el marco de las Jornadas Informativas sobre el Papel de la Administración Local ante los Desahucios organizadas por la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
El director general de Vivienda de la Consejería, Antonio Ibáñez, ha defendido durante las jornadas la «vocación de generalizarse» que posee el Decreto Ley para asegurar la función social de la vivienda, aprobado el 9 de abril por el Gobierno andaluz, según ha señalado en una nota.
«El Decreto Ley contiene unas medidas que tienden naturalmente a la expansión por todas la autonomías que pretendan legislar sobre la vivienda a partir de su consideración como derecho humano, y no como mero objeto de mercantilización y especulación», ha señalado Ibáñez, que ha recordado que la medida ha sido tomada como referencia para hacer «nuevas políticas de vivienda» por distintas instituciones de Canarias, Navarra y Cataluña. En el caso de Canarias, los gobiernos autonómicos del archipiélago y de Andalucía han mantenido incluso contactos institucionales para abordar la normativa aprobada por la Junta.
Ibáñez ha señalado que precisamente esta «mancha de aceite» es uno de los motivos fundamentales que han llevado al Gobierno central a presentar el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley. «La norma es constitucional de arriba a abajo, y el Gobierno lo sabe perfectamente. Pero la recurre porque funciona y da poder a la gente, porque es útil y porque se está extendiendo. El presidente Mariano Rajoy, haciendo un uso abusivo de sus prerrogativas, ha forzado su paralización porque quiere lanzar por todo el Estado el mensaje de que no hay alternativa a las políticas neoliberales de recortes y sufrimiento social», ha señalado Ibáñez
«Lo grave es que con este recurso el Gobierno fuerza la paralización del Decreto Ley. ¿Qué ocurrirá con las familias beneficiadas hasta que se levante dicha suspensión?», se ha preguntado Ibáñez, que ha lamentado además que el Gobierno central «utilice como excusa para su recurso a la Comisión Europea, cuando esta jamás ha expresado dudas sobre la constitucionalidad de la medida». Ibáñez ha insistido en que el Gobierno andaluz «jamás bajará los brazos» en defensa del derecho a la vivienda y ha recordado que la Consejería tiene «otros recursos» para continuar trabajando en la misma línea, entre los que ha citado el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, los programas de rehabilitación y la promoción de la autoconstrucción, el cooperativismo y el alquiler social que recogerá el Plan Concertado de Vivienda y Rehabilitación.
