Después de tres años de negociaciones, este jueves el Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva Ley de Vivienda, que ahora, continuando con su procedimiento de urgencia, pasará por el Senado. El texto definitivo, sin embargo, incluye una serie de aspectos polémicos que derivará, inevitablemente, en “una mayor inestabilidad del mercado”, advierten desde pisos.com.
Entre estos puntos destaca la limitación de los alquileres en las zonas definidas como tensionadas, la limitación del incremento de las rentas de las viviendas de alquiler al 3% hasta 2025 o la redefinición de gran tenedor, que pasa de diez a cinco inmuebles. Su aplicación, recuerda el director de Estudios del portal inmobiliario pisos.com, Ferran Font, será desigual, pues las competencias para la aplicación de la ley recaen en los gobiernos autonómicos.
“Es una ley que nace con muy poco consenso político. De hecho, ya hay partidos y formaciones políticas que han anunciado que no aplicarán a la ley en los mercados de aquellas localidades o comunidades donde gobiernen”, explica el experto, y añade, “también hay muy poco consenso respecto al sector; un sector con el que no se ha contado para tirar para adelante esta nueva ley. Esto, bajo nuestro punto de vista, hace que tenga una aplicación muy dudosa”.
En este sentido, desde pisos.com advierten sobre las “descompensaciones territoriales” que generará la aplicación de esta norma, así como de la creciente “incertidumbre” en torno a temas tan importantes como la ocupación o el mercado del alquiler: “la historia nos remite a que los resultados de la aplicación de limitaciones de renta de alquiler, por lo general, no solo no limitan las rentas, sino la oferta disponible y con ello provocan un aumento de los precios”.
“En definitiva, entendemos que es una oportunidad perdida, ya que, bajo nuestro punto de vista, existía la posibilidad de buscar una ley que fuera una ley de país, una ley a medio y largo plazo, y no tanto una ley que, a día de hoy, ofreciera más titulares que efectividad real en la mejora de acceso a la vivienda”, concluye Font.
