EP. Madrid. 30/07/2013
El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, y la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, han abordado este martes la eliminación de las ayudas a la subsidiación de préstamos hipotecarios con varias plataformas de afectados.
Al encuentro han asistido representantes de la Plataforma de Afectados de Madrid, de la Plataforma de Afectados Ayudas Vivienda Comunidad Valenciana, del Grupo de Afectados Subsidiación de Toledo, de la Asociación de Vecinos El Tajo (Toledo), de la de Afectados por la Supresión de la Subsidiación VPO Barcelona, y de la agrupación Vivienda Protegida Sí (Madrid).
El Real Decreto-20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad eliminó la subsidiación de créditos para la compra de viviendas de protección oficial en el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, incluidas las que estaban en tramitación y no hubieran sido objeto de concesión por parte de la Comunidad Autónoma.
Los afectados han trasladado al Grupo Socialista «el gran impacto» que supone para ellos la eliminación de la renovación de dichas ayudas, razón por la que han manifestado que están estudiando acciones colectivas coordinadas.
Por su parte, el Grupo Socialista, que estima que 300.000 personas podrían verse afectadas por esta medida, ha explicado que se opuso en el trámite parlamentario a la introducción de estas medias y ha detallado que recientemente ha registrado una proposición no de ley para su debate en pleno, en la que se insta al Gobierno a mantener este derecho.
Tras la reunión, la portavoz socialista ha subrayado que «las ayudas de subsidiación suponían una subvención a una parte proporcional de la cuota mensual de la hipoteca de una vivienda de protección oficial y eran de gran trascendencia para muchas familias». «Un derecho que estaba reconocido por los planes de vivienda de gobiernos anteriores y que ahora ha desaparecido de un plumazo», ha subrayado.
Igualmente, la responsable del PSOE ha denunciado que estas medidas «supondrán que los ciudadanos con una vivienda de protección oficial subsidiada, van a tener que pagar entre 200 y 400 euros más al mes».
Iglesias también ha lamentado que muchas personas que tenían concedida esas ayudas a la entrada y a la subsidiación de vivienda «dejarán de recibirla y perderán la casa que tenía concedida, dado que la Ley establece un plazo de dos meses para formalizar la hipoteca de la vivienda que tenían concedida y la mayor parte de los beneficiarios no van a poder hacerlo».
