EP. Santiago de Compostela. 24/04/2013
El consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, ha asegurado que la nueva ley de costas –que hoy se vota en el Senado– beneficiará a «muchos gallegos», aunque ha admitido que no resuelve «el 100%» de los casos de construcciones situadas en núcleos tradicionales de la costa de la comunidad. En un «primer momento», ha sostenido, permitirá legalizar unas 8.000 viviendas.
En respuesta a una interpelación del diputado del PSdeG José Sánchez Bugallo en el pleno del Parlamento, Hernández ha negado que se vaya conceder «una amnistía» o que la ley vaya a permitir «un pelotazo urbanístico». «No nace para perpetuar nada ni para desproteger», ha reivindicado. Beneficiará, ha insistido, a «muchos vecinos» y ha urgido a los ayuntamientos a delimitar los núcleos rurales. Para ello, ha reiterado, no es necesario revisar íntegramente el planeamiento y basta con un modificación puntual mediante un trámite abreviado.
El consejero se ha encontrado tras su intervención en el pleno con un grupo de vecinos de municipios como Vilaboa o Illa de Arousa, que acudieron al Parlamento para presenciar la interpelación. Así, ha dicho a los alcaldes de estos dos ayuntamientos que les recibirá la próxima semana para tratar de resolver estos problemas.
El diputado socialista –que también salió al encuentro de los vecinos–, ha puesto en cuestión la intención de la ley y ha considerado que la situación en la que se encontraban los propietarios de viviendas en los núcleos del litoral se ha empleado «como disculpa para dar la vuelta a la ley como un calcetín».
El objetivo, según ha protestado, no son vecinos como los de Vilaboa, sino «resolver determinados problemas» de propietarios extranjeros de inmuebles en el Mediterráneo y otras zonas de costa española y los de la banca en la que tienen las hipotecas.
Además, Bugallo ha considerado que Ence «debe estar eufórica», puesto que la nueva norma permite ampliar las concesiones para actividades en la costa –la de la pastera en la ría de Pontevedra expira en 2018–. «La Xunta hará un informe, pero no será vinculante; la decisión –de prorrogar la autorización– corresponde al Estado», ha advertido y ha indicado que las modificaciones que se introducen «desprotegen la costa, sacrifican lo logrado en los últimos 25 años y no resuelven el problema de los vecinos».
Hernández ha replicado que, precisamente, esta nueva ley pretende «resolver los problemas surgidos por la ley de 1988» y busca hacer compatible la protección de la costa y la existencia de actividades en la misma.
«No habrá ninguna prórroga automática para ocupaciones industriales en el litoral», ha dicho y, en alusión a Ence, ha incidido en que serán las comunidades las que tengan «la última palabra» en este sentido, pues emitirán un informe «determinante». «Ninguna de las concesiones industriales se va a mantener sin tener en cuenta la opinión de la comunidad autónoma», ha asegurado.
El consejero ha manifestado su satisfacción por el resultado de la normativa, que rebaja de 100 a 20 metros la franja de protección, puesto que reconoce la existencia de núcleos tradicionales en la costa gallega. Además, ha dado a los socialistas la «bienvenida» a la defensa de los núcleos del litoral. «Ustedes no pueden tratar de convertirse en abanderados» de esta lucha, ha reprochado y ha apuntado que el problema que aún tendrán varios núcleos de Vilaboa se deriva de una enmienda del propio PSOE.
