El PSOE y Unidas Podemos habrían alcanzado un principio de acuerdo para congelar las rentas del alquiler en las zonas de mercado tensionado durante un plazo mínimo de tres años. Los precios, de esta forma, no bajarían por la fuerza como propone Podemos, pero tampoco podrían seguir subiendo, por lo que el precio máximo de los nuevos contratos de alquiler de una vivienda lo marcaría el contrato de arrendamiento anterior.
Desde pisos.com, su director de Estudios, Ferran Font, destaca que “si bien este principio de acuerdo supone un claro avance en las negociaciones para la aprobación futura Ley de Vivienda, tan necesaria para la regulación del mercado inmobiliario de nuestro país, la cual lleva ya casi cinco meses de retraso, desde pisos.com valoramos de manera negativa este tipo de legislación”.
“En España existe un evidente problema de accesibilidad a la vivienda, pues en los últimos años la evolución de las rentas de alquiler ha superado con creces la de los salarios, así que lo que pueden permitirse las familias se ha ido alejando de la oferta disponible en el mercado de alquiler. No obstante, la congelación de las rentas es una medida que genera dudas desde el principio, pues leyes parecidas como la de Berlín ya han sido declaradas inconstitucionales, más allá de provocar efectos contrarios a los deseados como son la disminución de la oferta, economías sumergidas, mayor obsolescencia del parque de alquiler por el menor incentivo de los propietarios a invertir en la conservación de sus viviendas, etc. Además, la medida llega tarde, pues precisamente en las zonas más tensionadas es donde se registran tendencias bajistas, con caídas de alrededor del -15% en capitales como Madrid o Barcelona”, subraya Ferran Font.
En este sentido, desde pisos.com se ha señalado en reiteradas ocasiones que la correcta regulación del mercado del alquiler no pasa por un intervencionismo excesivo del mercado inmobiliario o por la imposición de limitación de rentas sino por el incentivo fiscal al propietario. “Hay que aumentar la oferta y ayudar a la demanda. La diferencia entre la capacidad de pago de las familias y la evolución de las rentas hace necesaria la actuación de las administraciones públicas, pero las medidas deben ir enfocadas a aumentar la situación económica de los inquilinos y aumentar el parque de vivienda en alquiler a través de la colaboración público-privada. Este tipo de propuestas no solucionan el problema de acceso a la vivienda de alquiler a largo plazo”, apunta el experto.
Por otra parte, el actual auge del mercado de alquiler turístico está generando una nueva reducción de la oferta disponible para la población residente, lo que podría incrementar los precios del alquiler en las grandes capitales españolas. De hecho, en capitales como Donostia-San Sebastián (1.403 €/mes), Barcelona (1.384 €/mes), Madrid (1.346 euros/mes) y Bilbao (1.257 €/mes) el precio medio del alquiler de un piso tipo de 90 metros cuadrados supera el salario mínimo.
Además, desde hace más de un año el sector inmobiliario vive un contexto inédito de pandemia que ha supuesto un punto de inflexión para muchos sectores económicos y, por ende, para muchos propietarios e inquilinos, por lo que estas medidas “deben aplicarse de manera muy cautelosa y adecuada a las necesidades concretas del mercado en cada momento, pues quienes impulsarán esta medida serán los ayuntamientos”. De hecho, Ferran Font recuerda que “el propio FMI ha considerado esta medida como una buena alternativa para aumentar la oferta disponible de alquiler y evitar la generación de zonas tensionadas”.
