El esfuerzo para alquilar una vivienda con respecto al salario medio ha aumentado de un 28 % al 67 % y del 46 % al 103 % para los pensionistas, desde 1997 a 2020. Según se desprende del informe elaborado por EY para ASPRIMA, Políticas de vivienda y su incidencia en el largo plazo, los trabajadores destinan una media de 571 euros más al alquiler de lo que deberían, para cumplir con los parámetros aconsejables de tasa de esfuerzo (35%), una cifra que asciende a 784 euros en caso de los pensionistas.
Del mismo estudio se desprende que, para 2040, los pensionistas en régimen de alquiler se multiplicarán por 2,7 con un esfuerzo medio superior al 100 %. Institutos de análisis de países con mayor propensión al alquiler, como Alemania, ya están valorando posibles medidas como el cambio de domicilio de los pensionistas a pisos más pequeños y un complemento a las pensiones.
En el caso de los jóvenes, la proporción de estos en régimen de alquiler ha pasado del 25 % en 2006 al 45 % en 2020. Esta situación empeorará con el paso del tiempo y en muchos casos se volverá estructural, ya que los jóvenes se están viendo abocados al alquiler al no contar con ahorro previo.
Como medidas para paliar esta situación, el estudio recomienda el establecimiento de medidas que aumenten el parque de viviendas disponibles y faciliten el acceso a las mismas, destacando entre otras: la introducción de incentivos fiscales para la promoción de nuevas unidades, la recuperación de los estímulos destinados a facilitar la compra de viviendas, el fomento de modelos alternativos al alquiler tradicional como el Build-to-Rent y la colaboración público-privada para aumentar la oferta de vivienda tanto libre como asequible.
Los incentivos destinados a fomentar la construcción de viviendas, como los créditos fiscales por construcción de viviendas, estimulan la construcción de nuevas unidades y disminuyen los precios de estas. Estas medidas, combinadas con la agilización de los plazos para la obtención de licencias, y planes destinados a incrementar la oferta de suelo disponible, como el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, repercuten en un menor precio y en un aumento de la oferta de viviendas.
